El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, mostró su confianza en que la norma que prepara el Gobierno andaluz y que tramitará el próximo mes de septiembre se traduzca en una gestión más ágil de los trámites y procedimientos administrativos que afrontan los proyectos industriales para que estos se conviertan en “casos de éxito” y sirvan, a su vez, de “efecto llamada” para atraer nuevas inversiones industriales a Andalucía. Se trata de uno de los compromisos a los que llegó el representante del Ejecutivo en la presentación ayer de la memoria de la Aiqbe, en la que aseguró que esas trabas en la Administración, “han sido una constante en todas las conversaciones que hemos mantenido con los empresarios con los que nos hemos reunido”.

Para lograr esta simplificación, Bravo apuntó que la nueva norma recogerá una definición “más clara y directa” de lo que deben ser considerados proyectos de interés estratégico, así como los requisitos en términos de inversión, empleo o impacto social que deben cumplir y los procedimientos para acelerar su desarrollo, junto a un cronograma preciso de la tramitación de los permisos.

No obstante, quiso matizar que “la agilidad no está reñida con el rigor en el cumplimiento estricto de la normativa” y añadió que el procedimiento para la declaración de un proyecto como estratégico para Andalucía ha de ser simple, ya que “el éxito final del proyecto estará siempre condicionado al resultado de los distintos procedimientos de autorizaciones y licencias que procedan, que deben cumplirse de manera muy rigurosa”.

El consejero de Industria poco antes de comenzar su intervención en la presentación de la memoria de Aiqbe.

“El objetivo es tener casos de éxito, pero si algún proyecto es inviable, el inversor tiene derecho a tener esa información lo antes posible, sin causar costes económicos añadidos al proyecto, lo cual también dotará a Andalucía de una mayor seguridad jurídica”, defendió el consejero.

Junto a la redefinición de los proyectos de interés estratégico, la norma en la que trabaja el Gobierno también simplificará trabas fundamentalmente en materia medioambiental. “No hay en ningún caso desrregulación, sino la armonización plena de una serie de requisitos con la normativa estatal y la simplificación en el caso de que la regulación de la comunidad presente duplicidades que lleven a confusión”.

Bravo explicó que se trata de seguir las directrices de la Unión Europea, evitando la sobrerregulación o la regulación redundante y dispersa. Estos cambios afectarán a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, a la Ley de Salud Pública y la de Aguas.