Aunque el PSOE apuntó alto al querer supeditar cualquier intervención en la Isla Saltés a que la titularidad del terreno en el que se ubica sea pública, al final el grupo parlamentario dio marcha atrás en su argumentario y, en sintonía con lo que los socialistas ya aprobaron en el Ayuntamiento de Huelva, contribuyeron ayer a la aprobación unánime en el Parlamento andaluz de lo que se ha convertido en una demanda ciudadana promovida por un grupo de arqueólogos: que el yacimiento sea declarado Conjunto Arqueológico y pase de la protección pasiva de la que goza a una verdadera puesta en valor.

El Pleno de la Cámara andaluza dio luz verde así, con el apoyo de los cinco grupos, a una Proposición No de Ley (PNL) defendida por la diputada de Podemos Lucía Ayala para que, además, la Junta adquiera los terrenos con la mayor brevedad posible, para que, una vez que estén bajo titularidad pública, se evite cualquier problema legal a la hora de actuar.

La iniciativa aprobada pide también que se ponga en marcha una primera programación de actuaciones sobre el yacimiento, basadas en la continuidad de las intervenciones arqueológicas, de restauración y adecuación, con el objetivo de "recuperar para la ciudadanía y visitantes en general los sectores urbanos de la ciudad histórica que se encuentran tapados actualmente de manera preventiva". Y también exige continuar las actuaciones en la Alcazaba, con el fin de articular un primer itinerario de difusión social que conecte las evidencias descubiertas de la ciudad, la Alcazaba y la Ría de Huelva, e incluir entre estas actuaciones el fomento de la investigación y de la promoción turística del sitio, "que se encuentra en un entorno cultural, natural y paisajístico único, y es seña de identidad del patrimonio arqueológico de Huelva".

Durante el turno de intervenciones, que en algún caso se asemejó más a la lectura de una tesis doctoral sobre la historia de Isla Saltés (bastó escuchar a Julio Díaz, de Ciudadanos, para comprobarlo) que a un debate político, la diputada de IU Inmaculada Nieto, abogó por la expropiación del suelo, y logró añadir a la iniciativa la petición de que se pida a la Dirección General de Costas que delimite el espacio marítimo terrestre de cara al objetivo.

Las enmiendas defendidas por el parlamentario socialista por Huelva Jesús Ferrera para que cualquier intervención se desarrolle una vez que la titularidad de los terrenos sea pública cayó en saco roto, aunque sí salió adelante otra enmienda en la que el PSOE pide "que se recabe el compromiso y la participación del Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno para que, en el marco de la necesaria colaboración y lealtad institucional, se dé el impulso necesario que permita recuperar el yacimiento, fomentarlo y difundirlo para transformarlo en recurso cultural, medioambiental y turístico de primer orden".

A este punto, el diputado popular por Huelva Guillermo García Longoria, quien criticó, al igual que la parlamentaria de Podemos, que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, no asistiera al debate, consiguió que se añadiera a este último punto aprobado que ese compromiso de las administraciones se hará "en el ámbito de sus competencias". Según comentó Ferrera, el consejero estaba "de gestiones en Madrid y Granada, trabajando por la cultura andaluza".