Las acciones del Recre valen cero euros. Así lo ha certificado la Comisión Provincial de Valoraciones dependiente de la Junta de Andalucía. En la documentación a la que ha tenido acceso Huelva Información queda respaldada la decisión del Ayuntamiento de Huelva, que en junio de 2016 decidió expropiar el Decano por su calidad de BIC y ante el riesgo de desaparición con sus acciones a coste cero al considerar que el pasivo albiazul dejaba a las mismas sin valor de mercado alguno. Por lo tanto, en base a este informe, Gildoy España, sociedad del anterior propietario Pablo Comas, no debe percibir indemnización alguna por la expropiación.

El consistorio remitió en su momento el expediente como expropiatorio a la Comisión para que ésta fijase el justiprecio de las acciones. El organismo reunido el pasado 16 de julio falló que “teniendo en cuenta los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, esta secretaría propone que se acuerde el justiprecio de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva en la cantidad de cero euros”. Contra el acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación del mismo. Gildoy, por su parte, reclamó ante la misma Comisión un justiprecio de las acciones expropiadas de 28,9 millones de euros.

La Comisión basa su decisión en un informe independiente a cargo de un funcionario de la gerencia provincial de la Agencia Tributaria y licenciado en Economía. Según el mismo, en todos los documentos previos del expediente (tanto del Ayuntamiento como del Registro Mercantil o la Comisión de Seguimiento de la LFP) se concluye que el valor de las acciones debe ser cero euros salvo en el que presenta el propio expropiado. También alude a la negativa de los auditores a emitir su opinión acerca de las cuentas de la temporada anterior a la que se produjo la expropiación o las siguientes, la existencia de deudas ocultas no recogidas o las dudas de los auditores sobre la viabilidad económica de la entidad. A la fecha de la expropiación, el auditor destaca “una incertidumbre material sobre la capacidad de la sociedad para continuar con su actividad” además de una “incertidumbre significativa sobre el resultado de diversos procedimientos judiciales” a 30 de junio de 2016. Incluso en aplicación de la valoración de la plantilla o los intangibles que rodean a un equipo de fútbol, la marca Recre o el valor que pudiera otorgar la calificación como BIC a los que alude Gildoy en sus alegaciones, el informe sostiene que el valor es cero. Ni siquiera toma en consideración la denuncia presentada en su momento contra el consistorio por la titularidad del estadio que ascendía a 19 millones de euros más intereses al considerarla “subjetiva”. Tampoco toma acepta otras decisiones como la posterior aprobación del alquiler del Nuevo Colombino hasta 2041 por ser un hecho posterior.

Extracto del documento en el que se fija el justiprecio de las acciones.

El documento realiza un extenso recorrido por la situación económica de la entidad albiazul. Desde su entrada en concurso y la llegada posterior de Gildoy hasta la expropiación en 2016. En base al mismo, el técnico sostiene que la situación financiera recreativista era límite con pérdidas acumuladas, caídas de ingresos e impagos en el momento de la intervención y que todo ello redunda en una valoración cero del accionariado albiazul. Ni siquiera con la aplicación de los diferentes criterios existentes cambia el resultado final. Incluso recuerda que desde la fecha de la expropiación hubo tres procesos de venta en los que las acciones salieron al mercado a cero euros más el pago de las deudas de la sociedad, sin que ningún comprador cumpliese los requisitos. Todo ello concluye en que el accionariado albiazul carece de valor de mercado.

La Comisión de Valoraciones no entra a juzgar la validez de la expropiación o no ya que ésta se encuentra judicializada y serán los tribunales los que dicten sentencia en este sentido.