El monumento a Colón, uno de los clásicos del Pleno, volvía ayer al salón de la Gran Vía, de nuevo de manos de Izquierda Unida. El debate sobre la propiedad y el mal estado del uno de los hitos más reconocibles de la capital desembocó en una nueva reivindicación de su declaración como Bien de Interés Cultural y en la petición de la titularidad del monumento para la ciudad de Huelva. 

La propiedad de la escultura erigida por Gertrude Vanderbilt Whitney en 1929 y cedida al pueblo español sigue siendo una incógnita, reconocían ayer los grupos políticos en el Pleno. En una iniciativa anterior ya se aprobó inscribir el monumento en el catálogo de patrimonio del Ayuntamiento, recordaba el izquierdista Pedro Jiménez, mientras que el expediente de declaración como BIC se inició hace casi dos décadas, en 1998, "y aún no ha concluido". Tanto Participa Huelva como Ciudadanos hicieron la pregunta del millón: ¿hay presupuesto para mantener el monumento que hasta ahora cuida el Puerto? "Hay mecanismos para hacerlo", asevero Jiménez. Según la teniente de alcalde de Cultura, Elena Tobar, la Junta está trabajando en la resolución del expediente BIC y anunció respuestas en una próxima visita de la consejera de Cultura. La propuesta de IU salió adelante con la abstención de Participa Huelva y el voto favorable del resto de grupos. 

Por unanimidad salió adelante la propuesta de Ciudadanos para instar a la Subdelegación del Gobierno a que acondicione el edificio de la antigua cárcel e impida el acceso a su interior, instando al mismo tiempo al Ayuntamiento a que renegocie con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios el acuerdo de cesión del edificio que se firmó y solicitando a que se consensúe con los vecinos la rehabilitación y uso del centro. 

El deterioro del edificio era llevado al Pleno por el grupo encabezado por Ruperto Gallardo, recordando el valor patrimonial del inmueble, obra de Pérez Carasa, y la necesidad de espacios lúdicos y sociales en la populosa barriada de Isla Chica. Algo en lo que ya se está trabajando, según el equipo de gobierno. Su portavoz, Manuel Gómez, recordó que la semana pasada se dictó una orden de ejecución para que la Sociedad de Infraestructuras ejecute actuaciones de mantenimiento y evite las intrusiones en el edificio, con amenaza de imponer una sanción si no se actúa en el plazo de un mes. Y en cuanto a la cesión del inmueble, el Ayuntamiento firmó un convenio por el que se comprometía a ceder suelo y pagar dos millones de euros a cambio de la titularidad de la antigua cárcel, pero no abonó esa cuantía. En la actualidad "estamos negociando el abono de esa cantidad, nos ofrecen facilidades de pago", por lo que se espera culminar el trámite para destinar ese espacio a uso público.