La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer, con relación al hecho de que el asesino de Mari Luz estuviera en libertad a pesar de tener dos condenas anteriores por abusos sexuales, que todo apunta a que se ha producido un "terrible" y "trágico error judicial", pidió prudencia hasta "esclarecerlo" dado que se ha abierto una investigación al respecto y precisó que recaerá "todo el peso de la Ley sobre los responsables".

De la Vega precisó que "todo apunta a que parece un terrible error judicial", admitió que el sistema "no ha funcionado", que ha habido un "fallo" y apostó por ser muy "serio y responsable" y trabajar de forma "inmediata" para que no vuelvan a ocurrir "estos fallos" que consideró "excepcionales". En este sentido, explicó que la ley tiene "mecanismos suficientes" para garantizar que el sistema funcione y que se eviten situaciones como la que se ha producido.

En su opinión, "estamos ante un hecho muy grave que hay que esclarecer hasta el final, que hay que exigir responsabilidades también hasta el final y hacer recaer todo el peso de la Ley sobre los responsables". Por ello, quiso dejar claro que el Gobierno "respalda" todas las actuaciones adoptadas por la Fiscalía de Sevilla y "respalda y respaldará" todas cuantas medidas se adopten por el Poder Judicial para el esclarecimiento de los hechos y la fijación de "todas, absolutamente todas las responsabilidades".

Sobre si el Gobierno tiene intención de impulsar algún tipo de medida legal para incrementar las penas por este tipo de delitos, la vicepresidenta dijo que no es partidaria de que "al hilo de acontecimientos gravísimos como este se propongan de forma inmediata modificaciones legales", aunque sí se mostró dispuesta a realizar mejoras en el sistema, pero de forma serena y sosegada.

Precisó que el Ejecutivo "ni descarta ni deja de descartar nada", ya que considera que "no es sensato" en estos momentos, decir que se van a "agravar o no las penas" porque eso "hay que estudiarlo".

"No descartamos ningún debate, pero no creemos que sea prioritario en estos momentos", apostilló, al tiempo que recalcaba que lo "prioritario" es hacer funcionar el sistema para que esto no vuelva a ocurrir. Es, dijo, "lo más importante". No obstante, se mostró abierta a que se pueda "mejorar" el sistema penal, judicial, policial y procesal. De cara al futuro, dijo que el Ejecutivo está dispuesto a "mejorar todo". "Cómo no", exclamó, pero insistió en que debe hacerse de forma "tranquila" y "sosegada".

Al ser preguntada por las posibles responsabilidad de tipo político que se pudieran derivar de este asunto, De la Vega insistió en que hay una "investigación abierta por quien corresponde", es decir, el fiscal y el CGPJ. Por ello, pidió ser "extremadamente prudente" hasta tener toda la información. Recalcó que "todo apunta" por la información que se conoce hasta el momento que "parece un terrible error judicial". Precisó que las "responsabilidades" se le exigirán a "todos los que sean responsables".

Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, avanzó que una de las primeras iniciativas que presentará en el Congreso de los Diputados será una reforma del Código Penal para agravar las penas en los delitos contra la libertad sexual de menores, una reforma que, según explicó, ya recogía el programa electoral con el que concurrió a las elecciones. Rajoy indicó que se trata de "un tema verdaderamente dramático". "Hablamos de una niña. Las agresiones sexuales son siempre dramáticas. A una niña parece que es más dramático y en este caso hablamos de una niña que desgraciadamente ya no está con nosotros", afirmó.

Según Rajoy, "todo apunta a que los mecanismos de la justicia no han funcionado" en este caso, dado que el presunto asesino es una persona que "estaba condenada y andaba por la calle como Pedro por su casa".

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, aseguró ayer no descartar la castración para los casos de pederastia cuando sea el propio enfermo quien la solicite voluntariamente, en relación, con el presunto asesino de la pequeña Mari Luz, si bien se mostró en contra de la cadena perpetua, ya que, a su juicio, "siempre que se endurecen las penas, sale más perjudicado el colectivo menos culpable".

Chamizo añadió que "la pederastia", además de conllevar el cumplimiento íntegro de las penas, "debería tener un seguimiento fuera de la cárcel". "La policía debería tener localizado al posible pederasta, saber quién es y así poder vigilarlo", indicó. Asimismo, consideró que se trata de una enfermedad que "desgraciadamente no tiene cura" y que, en la mayoría de los casos, "no se consigue que los pederastas no sean reincidentes". Por ello, apostó por "aumentar las medidas de seguridad en casos de pederastia una vez que se hayan cumplido las penas".