El Ministerio Fiscal ha solicitado la prisión permanente revisable para los cuatro adultos acusados del asesinato, con tortura previa, de José Rachón en la finca Calero de El Campillo el 1 de septiembre de 2016: J.A.R., D.L.O.P., H.M.S.M. y A.R.A.

Huelva Información ha tenido acceso en exclusiva al escrito de calificación de la acusación pública, que supone, además, un hito en la historia jurídica de la provincia onubense, por ser la primera vez que se formula la solicitud de la pena máxima contemplada en el Código Penal para los delitos de gravedad excepcional. Será un jurado popular el que juzgue a los cuatro adultos encausados. El quinto en liza, un menor de edad, ya fue condenado a seis años de internamiento en un centro de reforma juvenil el pasado noviembre.

El escrito supone un hito por ser la primera vez que se solicita la pena máxima en Huelva

La fiscal del caso, Macarena Garrido, relata que los cuatro investigados y el menor se reunieron hacia la medianoche de aquel 1 de septiembre en el domicilio que uno de ellos, J.A.R., tenía en la barriada de La Naya, en Riotinto. "Puestos de común acuerdo, resolvieron acudir a la finca Calero de El Campillo donde, según informaciones obtenidas por D.L.O.P., el guardés de la misma tenía guardada una importante suma de dinero, con el fin de apropiarse de ella ilícitamente".

A pie, pusieron rumbo a la casa de campo. Pero a la altura de la piscina municipal de la localidad campillera se decidieron a asaltar las instalaciones "quebrando para ello la puerta de entrada al recinto y, tras igualmente romper la ventana de acceso al ambigú, se apoderaron de 20 pizzas Campofrío de cuatro quesos y jamón york, 30 unidades de paquetes de embutido Campofrío y Revilla, dos cajas de helados Nestlé, 40 bolsas de patatas Matutano, una botella de ginebra de la marca Beefeater, una botella de whisky J&B, una botella de ron Barceló, 45 unidades de pan congelado, 30 unidades de zumo Bifrutas y 20 unidades de latas Misiles Bifrutas". Llegaron a consumir parte de estos productos "dentro del propio establecimiento". El valor estimado de los mismos supera los 254 euros.

El Ministerio Público sostiene que, una vez que abandonaron la piscina, depositaron los objetos restantes en una cuneta cercana y "emprendieron la marcha hacia la finca Calero, para lo cual tenían que hacer una caminata de 30 ó 40 minutos por un camino empedrado".

Llegaron al exterior del terreno en torno a las 4:00. Y observaron que había una luz exterior encendida, por lo que el quinteto procedió a esconderse "detrás de una carriola abandonada, tirando uno de ellos una piedra para ver si había movimiento interno". Al comprobar que así era, "decidieron acercarse a la casetilla de aperos que servía de vivienda al guardés y agazaparse detrás de la puerta".

Fue entonces cuando uno de ellos llamó a la puerta y se escondió detrás de ella. José Rachón, arocheno de 78 años, salió con un palo de fregona en las manos. Pero J.A.R. le propinó tal "puñetazo que le hizo caer hacia delante, quedando tendido bocabajo e inconsciente". A partir de ese momento, enfatiza la fiscal, "comenzó un calvario para José". El hombre fue "maltratado, golpeado y torturado para que dijese dónde se encontraba el dinero".

Estos cinco individuos le "golpearon con un palo en la espalda y la cabeza, le pisaron las costillas, cogieron una cobaya que José tenía en la vivienda para que le mordiera en diversas partes del cuerpo, le amenazaron con cortarle una oreja con un cuchillo de grandes dimensiones, le echaron restos de basura por encima de su cuerpo y un líquido de salmuera que había en un barreño".

La "agonía" de la víctima se prolongó durante cerca de tres horas. Casi eran las 7:00 de aquel fatídico 1 de septiembre cuando, "tras registrar toda la vivienda, los cinco jóvenes decidieron abandonarla, dejando al anciano tirado en la puerta de la casa con un hilo de vida, falleciendo instantes más tarde".

José Rachón no guardaba el botín que esperaban en la casilleta de la finca Calero. De hecho, solo pudieron apropiarse "de dos motosierras, una televisión de plasma y varias cajas de tabaco de la marca Mark 1". También decidieron sustraerle el DNI y su cartilla bancaria.

Fue uno de los hijos del asesinado quien encontró (en torno a las 7:20) a su padre sin vida, apoyado en la cama. La autopsia que le fue practicada en el Instituto de Medicina Legal de Huelva el 2 de septiembre determinó como causa de la muerte un shock traumático e hipovolémico. Eran tantas y tan intensas las lesiones que no existe ninguna que "aisladamente sea considerada en sí misma, y de forma exclusiva, responsable única del fallecimiento", como ya apuntó el juez instructor del caso en el auto previo a la apertura del juicio oral.

La Fiscalía considera que los cuatro encausados son autores del delito de asesinato con la agravante de abuso de superioridad, por lo que pide que se les imponga la prisión permanente revisable con accesoria de inhabilitación absoluta.

Pero además solicita para D.L.O.P. y para J.A.R. nueve años de reclusión por los delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura -cuatro años para cada uno por la agravante de reincidencia, porque ya contaban con antecedentes penales por robo con fuerza- y por un delito de robo con violencia en casa habitada -cinco años para cada uno-.

A.R.A. se enfrenta a siete años de prisión al margen de la permanente revisable, dos por el robo con fuerza y cinco por el asalto con violencia a la vivienda. Para H.M.S.M. la Fiscalía reclama año y medio de prisión por el robo en la piscina y cinco años por el robo con violencia.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados deben indemnizar con 90.000 euros a los herederos de su esposa (fallecida tras el asesinato) y con 80.000 euros a cada uno de sus dos hijos. Además, deberán sufragar los 254,29 euros a los concesionarios del ambigú de la piscina de El Campillo.

La fiscal del caso propone para el plenario como pruebas la declaración de los acusados, la de doce testigos, siete agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva y de los forenses que realizaron la autopsia a la víctima.