El 3 de mayo del año pasado, los onubenses vivieron un sueño o mejor dicho, lo volvieron a recordar. Lo que iba a ser una visita protocolaria del entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna a la inauguración de la nueva estación de ferrocarril –que por otro lado llevaba varios días operativa– se convirtió en la presentación del Estudio Informativo de la línea de Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla, que recordaba (entre otras cosas porque era prácticamente el mismo), al que se hizo en la legislatura anterior y que llegó hasta la Declaración de Impacto Ambiental.

Se dijo por aquel entonces que el AVE de Huelva regresaba al punto de partida. El proyecto enterraba todas las alternativas más modestas puestas sobre la mesa en un intento por mejorar las comunicaciones entre las dos ciudades que ya por entonces –y posteriormente mucho más– saltaban en medio de la indignación general en medio de atropellos, averías, incendios y paradas en mitad de ninguna parte en viajes interminables y en pésimas condiciones.

Ni lanzadera, ni altas prestaciones, ni ancho ibérico. Lo que De la Serna expuso en Huelva fue una línea de Alta Velocidad, capaz de circular a 350 kilómetros por hora, apta para el de mercancías y pasajeros que hacía soñar con tiempos de viaje tan competitivos como las 2 horas y 55 minutos hasta Madrid (en la actualidad oscila entre las 4 horas y 17 minutos y las 3 horas y 50 minutos) y 40 minutos hasta la estación de Santa Justa en Sevilla (hoy se tarda entre una hora y 22 minutos y una hora y 38 minutos)”, algo que no se había planteado ni en las previsiones más optimistas.

Durante meses, en concreto hasta el de julio de ese mismo año, nada se supo del documento. Dos largos meses de silencio cristalizaron en una reunión que mantuvieron el presidente de la Diputación provincial, Ignacio Caraballo y el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz que a comienzos de ese mes se desplazaron a Madrid para obtener alguna respuesta de quien entonces –y ahora en funciones– ocupa la cartera de Fomento después del cambio en el Ejecutivo central.

En el equipaje de ambos se encontraba el compromiso de publicar el Estudio Informativo antes de que terminara el mes. Sobre la campana, pero se cumplió. El 25 de julio del año pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado una versión corregida y aumentada de lo que se pudo ver en la flamante estación de Huelva.

Reunión de Cruz y Caraballo con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Los tiempos se concretaban hasta el segundo y el trayecto entre las dos ciudades llevaría 31 minutos y 8 segundos en modelos Talgo 350 y Alvia S-120 que circularían a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora en unas vías que contarían con el ancho europeo y sin paradas intermedias, salvo la posibilidad de hacer una a mitad de camino en la localidad de La Palma del Condado.

La inversión seguía asustando y la falta de recursos económicos suficientes para llevar a cabo el proyecto, pendía igualmente sobre una idea que todavía parecía lejana. De las seis alternativas que se presentaron al trazado por la afección de un espacio declarado como Lugar de Interés Comunitario en la localidad de San Juan del Puerto, los técnicos de Fomento se decidieron finalmente por uno cuyo coste llegaba a los 1.100 millones de euros.A ellos, había que añadir otros 58 más de la conexión con Majarabique, también contemplada en el mismo.

El optimismo llegó a tal punto que ese mismo día, Ábalos anunciaba en Sevilla que el Gobierno “tendría una especial sensibilidad con la línea Huelva-Zafra”, lo que suponía enterrar de un plumazo las principales críticas hacia la otra línea ferroviaria impropia hasta del siglo pasado.

Se abría entonces un periodo de alegaciones que debería finalizar con la apertura del plazo para la Declaración de Impacto Ambiental, imprescindible en un proyecto de esta magnitud y que es una de las muchas estaciones de un proceso más que farragoso.

Manifestación del 15-M en la que se reclamaba un tren digno para Huelva.

Desde entonces, el plan entró en vía muerta. Más de un año después no se sabe absolutamente nada de su tramitación, de en qué estado se encuentra y, por más veces que se ha solicitado al Ministerio, en qué punto del mismo cabría esperar una respuesta. La provisionalidad del Gobierno en funciones y la imposibilidad que legislativamente de un paso en este sentido, entierra la respuesta durante muchos meses.

Hay dos hechos que han venido a agitar el panorama de la reivindicación de la mejora de las comunicaciones. De un lado la consecución por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva de sus instalaciones en el Corredor Atlántico, al haberse admitido su inclusión en la Red Europea de Transportes. Falta por aprobar en este periodo de sesiones los fondos necesarios para la misma y que se empezarán a percibir en el año 2021. Hasta la fecha es el intento más serio de que la Alta Velocidad llegue hasta la provincia de Huelva. A su favor cuenta con que las decisiones sobre este proyecto se tomarán en las instituciones europeas, muy alejadas de las luchas entre los dos partidos mayoritarios que se viven en cualquier proyecto de la geografía nacional. La fecha de conclusión, el 2030, compromete a la propia Unión Europea.

El segundo aspecto es al movilización social. La manifestación del 15-M agrupó a todos los colectivos sociales y económicos en torno al déficit de infraestructuras en las que la conexión ferroviaria ocupaba el primero de los lugares entre las peticiones de los onubenses. Cinco meses después, la respuesta es el silencio más absoluto. Como consecuencia del mismo, en la plataforma Change.org se abrió una petición por la llegada del AVE a Huelva, adelantada por Huelva Información. Días después ha sobrepasado cualquier previsión sobre su seguimiento y a día de hoy supera de manera holgada los 5.000 firmantes. La pasividad de la sociedad onubense queda así en entredicho; la de quienes debe atender una reivindicación de años más que justificada, queda refrendada.