La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, presidida por el magistrado Esteban Brito, juzga hoy a los tres acusados del asalto y el asesinato que sufrió el madrileño Pedro Pérez, de 77 años, en su chalé de Matalascañas en la primavera de 2015. Se trata de dos hombres, C.R.M. y M.C., y una mujer, O.G.L., que se enfrentaban a una pena de 25 años de prisión por robo con violencia en casa habitada y asesinato, los dos primeros como autores y la última como cooperadora necesaria del robo y autora del crimen.

El plenario está previsto para hoy y mañana, pero la elevada probabilidad de que se materialice un acuerdo entre las partes puede reducirlo a una única sesión. Este trato conllevaría el pertinente reconocimiento de la autoría de los hechos y una considerable reducción de la condena para los tres procesados, como ha podido saber Huelva Información.

Más allá de cómo se resuelva finalmente el asunto a lo largo de la jornada de hoy, hay que recordar que la fiscal del caso, María del Mar Ortiz, expone en sus conclusiones provisionales que O.G.L. mantenía una relación "de amistad" con Pedro Pérez, que residía solo en un chalé de Torre La Higuera. Por ello la acusada "acudía con frecuencia a visitarlo, mantener relaciones sexuales y ayudarlo con las tareas domésticas, recibiendo por ello una gratificación económica".

El Ministerio Público considera que fue ella quien "puso al corriente de las circunstancias de la vivienda y de la existencia de una caja fuerte de gran tamaño en el pasillo de la casa, oculta tras un cuadro, a los otros dos procesados, C.R.M. y M.C.".

La Fiscalía pedía 25 años de prisión para cada uno; las defensas, la libre absolución

Manejando esta información, los tres, "junto con otras personas que no han sido identificadas, planearon el robo de la vivienda de Pedro". Calcula la fiscal que, puestos de común acuerdo, entraron en el domicilio del madrileño entre "las 20:00 y las 00:00 del 13 de mayo de 2015". Lo hicieron presuntamente a través de la puerta trasera y "forzando la cerradura".

Una vez dentro del chalé, "registraron todas las habitaciones de la casa en busca de objetos de valor". Cuando localizaron la caja fuerte, la víctima se negó a darles la contraseña.

Esto fue lo que llevó a M.C. y C.R.M. a atarlo "de pies y manos en posición hotgie (a la espalda) con gran fuerza, con tiras de toalla cortada, y lo amordazaron con una camiseta que le cubría los orificios respiratorios, impidiéndole una normal respiración, lo cual impidió toda posibilidad de defensa".

Al mismo tiempo le propinaron "diversos golpes en cabeza, cara, brazos y manos". Pedro Pérez padeció como consecuencia 57 lesiones, entre ellas "contusiones múltiples en las cuatro extremidades y en los planos corporales anterior y posterior, con afectación de plano craneofacial, fracturas costales múltiples y fractura de mandíbula, signos de asfixia mecánica y de compresión torácica y obstrucción de vías respiratorias". Perdió la vida en torno a las 23:00 de aquel 13 de mayo "por asfixia mecánica por sofocación" después de ser cruelmente torturado.

Mientras tanto, observa la acusación pública, O.G.L., quien "conocía el plan de actuación y lo aceptaba, permaneció en la casa escuchando los gritos y quejas de Pedro sin hacer nada para impedirlo".

Unos guantes abandonados por los asaltantes en la escena del crimen de Matalascañas.

La fiscal reseña que los otros dos usaron una barra de hierro o una palanca y consiguieron extraer por la fuerza la caja fuerte, que se encontraba empotrada en la pared. "Tras esto huyeron los tres, dejando a la víctima atada y amordazada, y acordaron repartirse el contenido de la caja, el cual se desconoce".

Por todo, el Ministerio Público atribuye a los tres encausados la autoría de un delito de robo con violencia en casa habitada, por el que reclama cinco años de prisión para cada uno; y considera a C.R.M. y M.C. autores de un delito de asesinato, mientras que a O.G.L. la ve como cooperadora necesaria. No obstante, reclama para cada miembro del trío veinte años de prisión por arrebatar brutalmente la vida al anciano, sin exclusiones.

El Ministerio Fiscal dictamina que deben indemnizar con 90.000 euros por "el daño moral causado y los perjuicios sufridos a la hermana" de la víctima, única pariente y su heredera universal.

Hay que recordar que las defensas habían pedido en sus escritos la libre absolución de sus patrocinados y que, entre otros, solicitaban que se apreciara la atenuante de dilaciones indebidas, puesto que la instrucción del caso se ha alargado en exceso. Tanto es así que, de no celebrarse en estos días, a finales de este mes se habría tenido que decretar la libertad para uno de los procesados por haber rebasado el máximo que puede estar una persona en prisión preventiva, fijado en cuatro años.