Veinte días de movilizaciones se zanjaron ayer con una tregua. Los vecinos de Cardeñas (que llevan un año esperando el realojo en VPO mientras viven en casas ruinosas) se plantaron por enésima vez en el Ayuntamiento arrancándole al alcalde el compromiso de acceso a sus nuevas viviendas a partir de hoy mismo. Las 106 familias afectadas pueden solicitar ya sus llaves en el Área de Rehabilitación Concertada de Marismas del Odiel (la oficina creada entre la Junta y el Consistorio para este plan integral), eso sí, "no para que ocupen ya las viviendas, sino para que las vayan acondicionando y cuando haya luz -esperamos que a finales de noviembre- puedan mudarse definitivamente". Así lo apuntó ayer ante los medios de comunicación el concejal de Urbanismo, Francisco Moro, anunciando que hoy mismo presentará el Ayuntamiento el proyecto de baja tensión.

Además, según indicó el primer teniente de alcalde, la Administración local facilitará que los futuros inquilinos puedan contratar el agua con Aguas de Huelva "desde el centro social de Marismas del Odiel y no tengan que trasladarse".

La de hoy es la sexta fecha de entrega de llaves que el Ayuntamiento anuncia a estas familias, que con las lluvias han visto agravada su situación, soportando grandes deterioros en sus viviendas, con los techos al borde del desplome. La presidenta de la Asociación de Vecinos Las Salinas, Miguela León, encabezó ayer una representación de estas familias en el diálogo con el Ayuntamiento, todo con el prólogo de escepticismo que han generado los continuos retrasos. Antes de que el alcalde recibiera ayer a los afectados, los ánimos eran pesimistas: "En un día no nos lo van a arreglar todo -apostillaba León- porque las obras empezaron hace siete años y desde enero llevan diciendo que nos van a entregar las viviendas".

No obstante dieron fruto las conversaciones y los manifestantes decidieron darle al regidor un margen de confianza, con vistas a reanudar las movilizaciones y cortar la carretera nuevamente si los compromisos se esfuman en palabras. "Hemos decidido dar una tregua de una semana -señaló la portavoz vecinal-, para ver si efectivamente cumplen con la entrega de entrega de llaves y los trámites que afectan a la luz y el agua de las viviendas".

En la causa del retraso se ha impuesto una doble versión a lo largo de toda esta polémica: de una parte, el equipo de Gobierno municipal del PP achaca la situación de bloqueo "exclusivamente a la culminación del proyecto eléctrico que hay que presentar a la Junta de Andalucía para que se den los boletines de enganche". La otra explicación (no excluyente) es la que sostiene la Administración autonómica, la oposición socialista en el Ayuntamiento y el colectivo vecinal, y atañe a una supuesta deuda de 3 millones de euros del Consistorio con la constructora Marsein, afincada en Tarragona. Según esta segunda versión, el impago lleva a la empresa a negarse a firmar el fin de obra.

Precisamente por esta cuestión, la oposición socialista volvió a salir ayer a la palestra para advertir de que este nuevo compromiso del alcalde es sólo "para tapar la boca a los vecinos porque le molestan sus manifestaciones". La concejal Rosario Macías aseguró que el Consistorio "aún no ha cumplido con la constructora, por lo que no se ha certificado el fin de obra y, por tanto, no puede darse el enganche de luz". Asimismo, según la edil del PSOE el Ayuntamiento no puede tomar por sí mismo la decisión de entregar las llaves porque la gestión depende, hemos dicho, del Área de Rehabilitación Concertada, "donde el Consistorio sólo participa en un 50%".