Ni la Junta de Andalucía ni el resto de comunidades gobernadas por el PP participarán en la reunión sobre la reubicación de menores migrantes

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha expresado el firme rechazo del Gobierno andaluz ante lo que considera un intento de imposición por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la convocatoria de una Conferencia Sectorial para repartir casi 4.000 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. La consejera ha denunciado que el orden del día es ilegal, al haber sido rechazado por la mayoría de las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial previa, tal como establecen las normas de funcionamiento del órgano.

Según López, la propuesta de reparto, que asigna a Andalucía la mayor carga con 677 menores, mientras Cataluña y el País Vasco quedan exentos, es una “clara muestra de que, para Sánchez, estos niños son pura mercancía política”, utilizados como “moneda de cambio para mantenerse en el poder”.

La consejera ha advertido de que este reparto “busca enfrentar a las comunidades autónomas”, aplicando criterios arbitrarios, sin diálogo ni consenso, con el único fin de “beneficiar a los territorios de los que depende la estabilidad política del presidente”. En este contexto, ha reclamado respeto institucional y una política migratoria basada en la legalidad y en la igualdad entre territorios.

Frente a lo que ha calificado de uso político de los menores, López ha defendido que Andalucía seguirá siendo una tierra solidaria, pero ha recordado que el Sistema de Protección de Menores está al límite de su capacidad, y que nuevas llegadas ponen en riesgo la atención tanto de los menores actuales como de los que puedan ser trasladados. En contraste, ha criticado que la política del Gobierno central se base en “apilar a los niños en edificios”, sin garantizar una atención personalizada ni favorecer su inclusión social.

Como ejemplo de la solidaridad andaluza, ha recordado que la Junta de Andalucía está atendiendo a 634 menores migrantes no acompañados que llegaron bajo apariencia de ser mayores de edad, de los cuales “el Estado no quiere hacerse cargo”.

López ha calificado de “inaceptable” que el Ejecutivo pretenda seguir trasladando menores sin verificar previamente su edad, ya que esto “fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en entredicho todo el procedimiento”. “El Estado debe velar por la verdad y la legalidad”, ha remarcado.

Asimismo, ha denunciado la “doble vara de medir” del Gobierno de Sánchez, que rechaza acoger a más de 1.000 solicitantes de protección internacional —como le exige el Tribunal Supremo— alegando falta de recursos, mientras impone a las comunidades el reparto de menores sin diálogo ni coordinación.

Por último, López ha recordado que Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por considerar que invade competencias autonómicas, afecta a derechos fundamentales de los menores y vulnera los principios constitucionales de autonomía, solidaridad y suficiencia financiera.

Rechazo mayoritario

Ni la Junta de Andalucía ni las comunidades gobernadas por el PP acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial, según han confirmado varios ejecutivos autonómicos, caso de Galicia, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Castilla León, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, entre otras.

La reunión está convocada a las 9:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.

La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a casi 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.