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Anna Gabriel evita por ahora una solicitud de extradición que Suiza no veía viable

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Anna Gabriel / RTS

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La decisión del Gobierno de Suiza de descartar una eventual solicitud de extradición a España de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, ha evitado a la independentista radical catalana enfrentarse a una orden de detención internacional y a una posible demanda de entrega de parte de la Justicia española por su vinculación al ilegal proceso independentista catalán.

El juez Pablo Llarena, que instruye el caso abierto en el Tribunal Supremo español por el proceso hacia la Declaración Unilateral de Independencia, optó por dictar una orden de detención nacional contra la ex diputada regional anticapitalista después de que ésta no acudiera a la citación judicial con el magistrado tal y como ya había adelantado este martes desde Suiza.

La Fiscalía le había pedido que dicte un auto de prisión contra Gabriel y que curse una orden internacional de detención y entrega a Suiza para una posterior demanda de extradición.

Gabriel, que justifica su ausencia en Madrid con su opinión de que no iba a tener un juicio justo en España, por considerar que estaba siendo "perseguida políticamente", queda así en la misma situación que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que permanecen huidos en Bélgica.

En caso de regresar a España sería detenida, pero la anticapitalista ya ha adelantado que su intención es instalarse en Suiza y trabajar como profesora de Derecho en Ginebra, y, si finalmente se pidiese su extradición, pedir "asilo político".

El juez Llanera evitó con su escrito poner en marcha de momento un proceso de extradición con Suiza, cuyo Gobierno volvió hoy a rechazar esta vía a través del portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.

Ya este martes había adelantado a Efe que "a priori" el caso de la dirigente antisistema parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, por lo que una eventual solicitud de extradición o de asistencia jurídica por parte de España sería rechazada con toda probabilidad, aunque admitió que una petición tendría que ser analizada con profundidad.

En Suiza solo los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como el secuestro de un avión o una toma de rehenes no son considerados delitos políticos.

Este miércoles el portavoz Galli fue un paso más allá y explicó a Efe que aún cuando el delito del que se acusa a la exparlamentaria catalana -el de rebelión- existiera en el Código Penal helvético en lo referente a crímenes contra el Estado o de alta traición, una "extradición no sería posible".

"Existiría la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, pero aquí lo decisivo es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", indicó Galli.

Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio de un cantón".

Gabriel y su abogado en Suiza, Olivier Peter, consideraron el martes "ilícita" una eventual solicitud de extradición por parte de España.

Tras conocer la decisión del juez Llarena, la dirigente de la CUP pidió en declaraciones a la cadena catalana TV3 desde Ginebra el archivo de la causa y la libertad de los independentistas "perseguidos".

Gabriel, que de momento solo ha hablado con medios suizos y catalanes, reiteró que el motivo por el que rehusó hoy declarar ante el juez es que "las resoluciones judiciales que se dictan se escapan mucho de lo que sería normal en un Estado democrático" y se les aplica a los independentistas "un Código Penal como enemigos".

También dijo que su intención al permanecer en el país alpino es contestar una eventual demanda de extradición y "colocar ante un espejo al Estado español" para denunciar internacionalmente que se les persigue por "hechos estrictamente políticos".

"Los delitos que nos atribuyen no existen, no hemos provocado violencia, hay simplemente una persecución política, y nos quieren humillar y castigar", opinó.

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