Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 con el PP en el Gobierno, preside ahora el Centro Español de Mediación (CEM), que apuesta por la mediación para resolver conflictos entre empresas. “Hemos nacido en un modelo en el que cuando discutes con alguien, vas al juzgado. Esa es la cultura social que existe en España. Y lo podríamos trasladar a lo institucional, a lo político. Una de las cosas que me gustó cuando me propusieron presidir el CEM es la creación de una cultura del diálogo, del consenso, de reconocer que nadie tiene el 100% de la razón y de que si quieres ganar un partido, a lo mejor es bueno ganarlo 2-1 y no 5-0. Sería muy conveniente instalar esa cultura en la sociedad en general”, reflexiona.

–¿Qué es el CEM?

–Las Cámaras de Comercio de España tienen entre sus funciones servir de ayuda a las empresas y hace tres años el presidente, José Luis Bonet, me planteó la conveniencia de crear un centro de referencia para la mediación de todas las cámaras, fundamentalmente realizando una tarea de divulgación. Hay muchas pymes que no conocen que existe la posibilidad, cuando surge un conflicto, de no ir necesariamente a un proceso judicial. Esa es la cultura que tenemos instalada en España. El poder judicial recibe cada año más de seis millones de asuntos. Ante cualquier problema, al juzgado y que el juez nos dé la razón. Lo que no saben los empresarios y la sociedad es que hay otras alternativas, como el arbitraje, que consiste en designar un árbitro que emite un laudo para resolver el conflicto y una tercera, más desconocida, que es la mediación: la solución no la impone nadie, sino que las propias partes dialogan y, auxiliados por un mediador, encuentran una solución razonable a su conflicto. Desde el CEM intentamos promover ese modelo de resolución de disputas en el ámbito civil y mercantil.

–Si hay poca cultura de arbitraje, menos todavía la hay de mediación.

–Así es. Cualquier disputa empresarial acaba en una demanda judicial y seguramente la responsabilidad es compartida. Los empresarios tienen esa visión, pero los abogados, los directores de asesorías jurídicas internas también tienen la obligación de informarles de que hay otras maneras de resolver problemas o al menos intentarlo, porque acudir a una mediación no significa que después no puedas ir a una demanda judicial. En el Parlamento teníamos en marcha un proyecto de ley de eficiencia procesal que establecía una regla muy importante: la obligatoriedad de que, antes de presentar una denuncia en un juzgado, tuvieses que intentar al menos una sesión de mediación. Era un gran acierto, pero la ley ha decaído con la disolución de las Cámaras. Ojalá en el futuro vuelva a promoverse esa ley. La mediación es una solución mucho más rápida: un proceso judicial puede durar cuatro o cinco años, mientras que una mediación puede resolverse en muy pocos meses, y es cinco veces más barato un proceso de mediación que uno judicial. Y por otra parte la Administración de Justicia, que recibe seis millones de asuntos en total y unos dos millones y medio en lo civil y lo mercantil, sufre un cierto colapso cuantitativo al que hay que añadir los problemas generados por la pandemia, las huelgas, los conflictos laborales... No está la Justicia española en su mejor momento, lamentablemente, y por eso podríamos ayudar a que una parte de esos asuntos se resolviesen por la vía de la mediación y así disminuyese la carga de trabajo de los juzgados.

–¿La Justicia ha estado alguna vez en un buen momento?

–Es buena reflexión. La Justicia es un poder independiente del ejecutivo y el legislativo que tutela nuestros derechos y por otro lado es una organización, un servicio público. Como poder tenemos un sistema judicial de garantías y alta calidad, estoy convencido. Como organización tiene muchos problemas que resolver: sedes, oficinas, leyes procesales, que algunas son excesivamente garantistas y a veces un poco obsoletas, incorporación de las nuevas tecnologías, exigencia de cumplimiento de los plazos...

–Lo grave es que esos problemas se perpetúan en el tiempo.

–Al final un servicio público se evalúa con dos o tres parámetros. Uno, los tiempos de respuesta, que son largos y lamentablemente se están alargando como consecuencia de varios factores. Dos, en términos de calidad: eso está bastante bien garantizado. Y luego la gestión telemática de los procesos, que existe en nuestra relación con Hacienda, la Seguridad Social, el banco, la compañía eléctrica... Ya está incorporado a nuestra vida cotidiana, pero lo que es normal en la vida de los ciudadanos no es normal en la Administración de Justicia. Ahí queda mucho camino por recorrer

–¿La modernización de la Justicia es problema de dinero o de falta de voluntad?

–Siendo objetivos, no tiene nada que ver la Justicia de 2023 con la Justicia de hace veinte años, sólo faltaría. Hemos mejorado, pero no hemos llegado donde quisiéramos. La Justicia no funciona como la Agencia Tributaria, como la Seguridad Social o como nuestro banco. Todavía funciona con algunas características propias de la Administración tradicional, pero se ha avanzado. En la mayor parte de los casos, las demandas se presentan por Lexnet, que es una herramienta de correo electrónico. Hay muchos juzgados que tienen instalada la aplicación de Justicia digital, pero no pasa en el conjunto del sistema por muchos motivos. Cuando hemos hecho las transferencias a las comunidades autónomas, hemos creado compartimentos estancos. En la España de las autonomías es indiscutible la mejora de los servicios, pero en Justicia no sé yo si ha sido tan eficaz o si ha tenido un efecto positivo. De hecho, cada comunidad se ha buscado su propia solución tecnológica, que a veces no es compatible con la de al lado. Si un asunto que resuelve la Audiencia de Sevilla va al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, los sistemas no son compatibles entre sí. Y luego las profesiones jurídicas históricamente hemos sido bastante conservadoras en lo procesal. Hay algunas resistencias generacionales. Esto es un camino que tiene un fin: la Justicia digital. Lo que quizás no se ha hecho por todos los Gobiernos es meterles toda la velocidad e intensidad suficientes a esos procesos asignando recursos y priorizando. A veces se prioriza más reformar el Código Penal, que no es un tema poco importante, y se quita foco a los procesos de gestión. Pero si alguien consigue digitalizar la Justicia, podrá comunicar a los ciudadanos un gran hecho político.

–¿A los políticos les interesa una Justicia moderna, fluida y ágil?

–No creo que no les interese, lo que creo es que hay otras prioridades. La definición no es que a los políticos no les interesa una Justicia que funcione con agilidad. Les importa, pero otras cosas les importan más: la carretera, el centro de salud, el colegio, las ayudas a los más necesitados... Si vemos los programas del PP o el PSOE, está, pero están antes otras cosas. Por eso no se le suelen asignar suficientes recursos. Yo siempre digo que si a la Justicia le hubiesen asignado hace ya años, en la proporción que toque, un presupuesto equivalente al que se asignó a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria para su modernización, se podría hacer perfectamente. Es un tema de voluntad, de presupuesto y de integración de sistemas, porque no tiene sentido que tengamos siete u ocho sistemas fragmentados en nuestro país. Aunque si yo hubiese sido consejero de Justicia de Andalucía hace veinte años, razonablemente me habría buscado la vida e intentado tener un sistema de gestión que resolviese mis problemas. El consejero no tiene la responsabilidad de ir mirando el mapa nacional, pero hay otros que sí y ha habido falta de visión de Estado.

–¿Se atreve a calcular cuánto dinero haría falta para modernizar de verdad la Justicia?

–No tengo el dato exacto, hace cinco años que salí del Ministerio, pero en esta época que además hay fondos de reformas y modernización, creo que con unos pocos cientos de millones... No hablamos de miles de millones. También he sido ministro de Fomento un tiempo y con lo que cuestan unos pocos kilómetros de alta velocidad se reforma la Justicia en España. Es un tema de voluntad, de decir 'esta vez sí'. Consenso político, financiación adecuada, un calendario y es perfectamente posible.

–¿La escasa cultura de mediación tiene algo que ver con la escasa cultura de oír al contrario?

–Hay algo de eso. Hemos nacido en un modelo en el que si el vecino te mancha la ropa que tienes tendida, vas al juzgado y pones una denuncia. Me he dado un golpe con el coche, un juicio para que te indemnicen. Discuto con mi empresa por unos trienios que no me han pagado, me voy al juzgado de lo laboral. Esa es la cultura social que existe en España. Y lo podríamos trasladar a lo institucional, a lo político. Quien se cree que está en posesión de la verdad absoluta suele estar equivocado. Sería muy conveniente instalar esa cultura no sólo en el mundo judicial, sino también en la sociedad en general.

–¿Los políticos deberían hacer algo para que en España impere la cultura del diálogo y no la del enfrentamiento?

–Sin duda. La Transición es una experiencia de éxito basada en el diálogo entre diferentes. El diálogo entre iguales es muy fácil. Fue un ejercicio de consensos, de concordias, en el que se sentaban Fraga y Carrillo, las instituciones del sistema anterior (Ejército, Iglesia...) aceptaron una transformación de la sociedad y alumbramos una Constitución que está llena de equilibrios. Quizás en los últimos años no ha sido ese el espíritu, lamentablemente, que ha caracterizado la política de lo cotidiano. Durante muchos años sí hemos sido capaces de llegar a grandes acuerdos, pactos de Estado básicamente entre los dos partidos llamados a gobernar el país, PP y PSOE, y eso se ha perdido. Ha habido una ruptura del bipartidismo. Algunos han creído ver en la nueva política una virtud; yo no los percibo. En el bipartidismo hay grandes valores de reformas, de transformación y de acuerdos para los grandes temas de Estado. Sería muy bueno que en los próximos tiempos pudiésemos volver a ese contexto y emulásemos a otros países, como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que nos sacan unos cuantos siglos de tradición democrática. No estaría mal que aprendiésemos un poco y viésemos cómo los dos grandes bloques, el centro derecha y el centro izquierda, comparten la visión de Estado y alcanzan acuerdos. Yo me sentiría muy a gusto viviendo en un país cuya descripción política fuese esa.

–¿Con sólo dos partidos?

–Con tantos partidos como haga falta, esa es la libertad, pero que haya dos grandes bloques que dialogan, se alternan en el poder y promueven las reformas. Es lo que veo que sucede en grandes democracias europeas y siguen funcionando muy bien. Cuando veo el planteamiento de alguien que dice que la Constitución se ha quedado vieja porque él no la votó, sí, es verdad, pero no sé si eso es una gran referencia. Las instituciones tienen una vocación de permanencia y deberíamos ser capaces, los que ejercen la política, de encontrar esos elementos comunes, esos pactos para defender nuestro Estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones, servicios sociales, transporte... No entiendo que haya grandes bandazos en eso y que haya modelos alternativos porque eso no nos lleva a ninguna parte como país.

–¿Está diciendo que lo que ha aparecido a la izquierda del PSOE y a la derecha del PP ha hecho más mal que bien?

–En mi opinión, no ha aportado nada a la mejora de nuestro país. A ambos lados. Entiendo la libertad de votar la opción que más le convenga al ciudadano. Yo he vivido en un Parlamento fragmentado y también como ministro de un Gobierno que tuvo mayoría absoluta y luego no la tuvo. Así se tiene menos capacidad de resolver problemas y llegar a grandes consensos. En esta última legislatura del denominado Gobierno Frankenstein, que así lo denominó el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, han juntado piezas con tal de generar una mayoría y ahí están los resultados, en mi opinión bastante negativos. No reconozco a un PSOE teniendo que pactar con independentistas de Cataluña, con la extrema izquierda comunista y con los herederos de la ETA. No reconozco a ese PSOE, que ha sido un partido que ha consolidado la democracia en España y que ha transformado España junto con el PP. Este PSOE de la última legislatura no lo reconozco y creo que muchos votantes socialistas, tampoco.

–¿Y reconoce al PP pactando con Vox?

–Pues mire, puede ser percepción personal pero identifico mucho más a Vox con los valores constitucionales, con nuestra democracia occidental, que a los socios que ha tenido el PSOE. Más allá de algunos planteamientos, que son más dialécticos que de programa profundo, cuando se han incorporado a las instituciones han contribuido con normalidad a la gobernabilidad, como ha ocurrido en Castilla y León o en algunos ayuntamientos. Los pactos con Vox caben perfectamente en nuestro marco constitucional, por supuesto si se respetan los límites de la Constitución. Si alguien quiere jugar con elementos que no forman parte de nuestra Constitución (supresión de comunidades autónomas, exclusión de la UE...), no, mire usted, eso en ningún caso. Pero hasta ahora lo que me ha demostrado Vox es que cuando se incorporan a las instituciones lo hacen para la gestión de asuntos públicos en el marco de la Constitución, más allá de sus planteamientos ideológicos, que lógicamente buscan un entorno a la derecha del PP y tiene que diferenciarse porque si no, no le votarían. Es mejor votar al original que a la copia, así que tienes que ser algo más que una copia, tener una singularidad.

–Lo ve como una unión más natural, digamos.

–Bueno, insisto en que es mi opinión personal. Veo a Vox perfectamente compatible con la democracia española de 2023 y con nuestra legislación y no veo a quienes pretenden la independencia de Cataluña ni a los que pretenden acabar con el régimen del 78 o a los que son herederos del terrorismo en el País Vasco, que tanto daño han causado a tantas personas y a nuestra democracia. Veo mucho más democrática la posición de Vox que la de todos estos.

–¿Y a Podemos dónde lo ubica?

–Con todas las dificultades de identificación de ese entorno, al que ahora mismo es difícil ponerle una etiqueta que cubra a todos, y no sé si Sumar lo va a conseguir, Podemos lo identifico con la izquierda tradicional de España: el PCE, IU... Han sido agentes de transformación de España en el final del siglo XX y el principio del XXI, eso sí lo entiendo como legítimo y democrático. Lo que ha ocurrido en este último Gobierno de Sánchez es que un partido minoritario, que representa a un 12%-14% de la sociedad, ha promovido leyes que no responden al interés general de España ni de los españoles: bienestar animal, ley trans o la Memoria Democrática responden al interés de unos grupos minoritarios que no deberían imponerse sobre el conjunto de la sociedad. Ha habido una quiebra de legitimidad. Uno de los grandes errores del presidente Sánchez ha sido permitirles promover leyes que han aprobado con la nariz tapada, por decirlo de una manera gráfica. No me imagino al PSOE aprobando la ley contra la violencia machista, la reforma del Código Penal, con los errores tan graves que se han cometido en esa ley, que han permitido la rebaja de penas a más de mil delincuentes sexuales y la excarcelación de varios centenares. No creo que eso fuese nunca un objetivo de un PSOE. Se ha dejado arrastrar por las tendencias radicales de sus socios.

–¿Por qué está la derecha española en contra de que familiares de víctimas de la Guerra Civil quieran encontrar sus cuerpos?

–Cuando la memoria histórica se plantea con un enfoque unidireccional que intenta poner de manifiesto las crueldades e injusticias cometidas por un bando frente a otro durante la Guerra Civil, que es un periodo negro de nuestra historia, se genera y se exacerba la resistencia de la otra parte. Se ha planteado esta cuestión como el reconocimiento de los perdedores de la guerra y lo que sufrieron en la posguerra. Esa no es una visión holística, de 360 grados. Muchos echamos de menos una visión integradora. Se cometieron barbaridades, sí, se fusilaba a gente del bando rojo, claro que sí, pero igual que se fusilaba a curas y monjas y a gente del bando nacional. Deberíamos ser conscientes de las barbaridades que se cometieron en aquel periodo para nunca más cometerlas. Y si queremos reparar eso, habría que tener una visión integradora y no unilateral. De no hacer de eso un conflicto, sino un reconocimiento de derechos, estoy totalmente a favor. Deberían dedicarse recursos para recuperar los restos de las personas que murieron en los dos lados y denostar las barbaridades que se cometieron en los dos lados. Si tuviéramos esa visión global, abordaríamos esto con más naturalidad y con menos radicalidad y atenderíamos los sentimientos y los derechos de aquellos que quieren encontrar a sus antepasados, que me parece totalmente razonable. Pero insisto, del conjunto de la sociedad española, hay muchos muertos del bando nacional que tampoco se sabe dónde están enterrados. Cuando se pone una luz en una única dirección, iluminas algo pero pierdes todo lo que se queda sin iluminar.

–¿Usted indultaría a Griñán o a cualquier político condenado por corrupción?

–En los cuatro años que fui ministro de Justicia nunca presentamos un expediente en asuntos de violencia de género, seguridad vial y corrupción. Yo nunca promoví un indulto en esas materias. No debería utilizarse el indulto por parte del Gobierno para enmendar la plana al Tribunal Supremo, porque eso genera una crisis. Sin embargo, hay circunstancias sociales muy particulares, ciertamente, y hay otros ámbitos, básicamente el Derecho penitenciario, para aliviar algunas situaciones personales. Con inteligencia, con habilidad, sin intención de hacer daño ni personalizar el cumplimiento con una carga ideológica excesiva, se pueden encontrar soluciones razonables.

–Se refiere al presidente de la Junta y su enfermedad, ¿no?

–Por ejemplo. Presidente de la Junta o no. Una persona con edad avanzada y con unas circunstancias de salud que tiene que cumplir una condena tiene todo el reproche jurídico, institucional y social por sus comportamientos. Pero el sistema penal español debería poner el foco en sistemas alternativos de cumplimiento de condenas. Este sistema de el que la hace la paga, y eso significa irte a la cárcel y quitarte de la circulación durante unos años, es más propio del siglo XIX que del XXI. Deberíamos tener otros modos alternativos de cumplimiento de las penas que no sea exclusivamente la privación de libertad, como los servicios a la sociedad, penas pecuniarias cuando son delitos económicos... Hay que pensar más en la víctima. Nosotros aprobamos un Estatuto de la Víctima, la justicia reparadora, para ver cómo se recupera el que ha sufrido el delito. Ese enfoque ayudaría en algunos casos a que el cumplimiento de las penas, que tiene que ser efectivo, no sea necesariamente pasarse cuatro o cinco años en prisión. La única solución no es quitarlo de la circulación y meterlo entre rejas unos años.