Economía

¿Cuáles son las causas del secular retraso andaluz?

  • El economista Joaquín Aurioles cree que los subsidios y las transferencias de renta han impedido la convergencia

  • Ni convergencia ni empleo

Carmen Fernández-Cuevas, colaboradora de Aurioles, Joaquín Aurioles y Francisco Ferraro, presidente del OEA

Carmen Fernández-Cuevas, colaboradora de Aurioles, Joaquín Aurioles y Francisco Ferraro, presidente del OEA / Juan Carlos Muñoz

Los hechos, indiscutibles, son los siguientes: la economía andaluza, con altos y bajos, no ha convergido en 40 años. El diferencial con España está, más o menos, como a principios de los 80. Casi lo mismo se puede decir del paro y, respecto a la productividad (PIB por ocupado), no sólo no se ha reducido la brecha, sino que incluso ha aumentado.

“Hay una resistencia numantina al cambio en cuatro décadas, a pesar de haber recibido ingentes recursos de Europa y de la solidaridad regional”, señala Joaquín Aurioles, profesor jubilado de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Málaga y articulista de Grupo Joly. El economista esbozó ayer, en el marco del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) una teoría sobre este atraso secular de Andalucía con un título algo provocador: 'La hipótesis del desempleo consentido. Una explicación del atraso secular de Andalucía'.

Según él, son precisamente los subsidios y las transferencias de renta los que han perpetuado el retraso regional. “Tienen dos consecuencias: fijan la población (y evitan, por tanto, la emigración) y presionan al alza los salarios, al entrar en competencia los subsidios de los parados con lo que cobran los que tienen empleo”. Con una productividad más baja que las autonomías avanzadas y unos salarios artificialmente más altos que lo que marcaría el mercado, los capitales, según la tesis de Aurioles, no estarían interesados en invertir en la región, por una simple cuestión de coste-beneficio. Y se mantendrían en las comunidades ricas, a su vez interesadas en perpetuar este sistema porque “contribuye a mantener el status quo”.

Para Aurioles, por tanto, subsidios y transferencias “desactivan la competencia salarial”; sin ellos, ésta se volvería a activar: “Habría una devaluación interna en Andalucía, aumentaría la diferencia salarial con las regiones ricas, pero esto se compensaría con una mayor productividad. Y el movimiento de convergencia automático, casi sin necesidad de que opere ninguna política regional”.

Afirma que las regiones ricas son las más interesadas en mantener este sistema

¿Problema? A corto plazo, “el coste social es importantísimo, con más emigración y un empobrecimiento relativo de los trabajadores andaluces”. Por eso, Aurioles comprende que la Junta haya aceptado las transferencias, afirma que es una decisión “racional”. Pero no deja de decir que son los donantes (las regiones ricas) los grandes beneficiados y que los desequilibrio seculares son “consentidos”.

Tampoco se cierra a que esta tesis sea la única manera de converger, aunque sí explica porque no se ha convergido hasta ahora. Hay otras formas: por ejemplo, la competencia tecnológica, “aunque son los territorios avanzados los que mejor aprovechan las posibilidades que ofrece”; las infraestructuras (de lo poco en lo que Andalucía sí ha avanzado, afirma); la calidad institucional (difícil de medir) y la fiscalidad.

Es en este último punto en el que se fija Aurioles, que recuerda cómo Irlanda pasó de la cola de Europa a ser uno de los más ricos por una reforma fiscal que beneficiaba a las empresas. El economista propone un sistema de ventajas fiscales para las regiones más pobres que sirvan de palanca para la atracción de capital. ¿Problema? Son algunas de las más ricas (País Vasco, Navarra y última mente Madrid) las que compiten con rebajas; y hay otra, Cataluña, que ante la asfixia de sus finanzas y “que comienza a venirse abajo el sistema de transferencia de rentas”, exige beneficios fiscales como los de País Vasco y Navarra. “Y ahora estamos en ese tema”.

Por eso Aurioles pide a los políticos andaluces firmeza y liderazgo a la hora de reformar el título octavo de la Constitución, proceso del que las más ricas intentarán salir beneficiadas.

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