Existen una serie de afirmaciones repetidas a menudo que sustentan desde hace año al independentismo catalán, pero, a pesar de su contundencia, no tienen por qué ser ciertas. Una de ellas es la polémica y controvertida frase de "España nos roba" que hace referencia al déficit fiscal, una reivindicación que los políticos catalanes recuperaron en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y que volvió a ser protagonista este miércoles en las negociaciones con Junts para que el Gobierno sacara adelante dos decretos.

La primera vez que se oyó la expresión de "España nos roba" fue en noviembre de 2011, en el Parlament de Cataluña. Estas polémicas palabras fueron pronunciadas por un diputado de Solidaritat per la Independència (SI) y resonaron en el hemiciclo como un golpe seco que despertó a los somnolientos parlamentarios. Unos meses después, en 2012, el gobierno de Artur Mas las hizo suya y echó más leña al fuego al publicar un cálculo según el cual Cataluña estaría aportando 16.409 millones de euros al presupuesto común. El expresidente Jordi Pujol también se subió al carro al asegurar que Cataluña pagaba "en torno al 9% de su PIB por concepto de solidaridad, y con frecuencia más", lo que se "convierte en un expolio que perjudica gravemente a Cataluña y su gente”.

Más de 10 años después, el pasado mes de septiembre, en plena etapa de negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, la Conselleria de Economía publicó un análisis que afirmaba que el déficit fiscal se había disparado en 2020 y 2021 hasta acercarse al 10% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 8,5% de 2019. Este desfase entre lo que gasta e invierte el Estado y lo que se recauda en Cataluña fue de 21.982 millones de euros en 2021, el 9,6% del PIB; y de 20.772 millones en 2020, el 9,8% del PIB. Según asegura la Generalitat, se trata de uno de los registros más elevados desde 1986, año desde el que hay datos.

Para comprender por qué los catalanes, especialmente los independentistas, repiten como un mantra aquello de "España nos roba", hay que entender primero conceptos básicos como qué son las balanzas fiscales, en qué consiste el déficit fiscal y cómo se calcula esto, pues en ningún territorio se habla tanto de balanzas fiscales como en Cataluña.

Qué son las balanzas fiscales

Una balanza fiscal es la diferencia entre el gasto o inversión que el sector público central realiza en un territorio y el volumen de ingresos que este territorio aporta a las arcas de este sector público central a través de impuestos. Lo que se espera es que las regiones ricas aporten más de lo que reciben (déficit fiscal), y que pase lo contrario con las zonas con menos renta (superávit fiscal). La pregunta es: ¿qué saldo (resultado) se considera excesivo o desproporcionado y qué no? Los gobiernos catalanes de todos colores siempre lo han considerado demasiado elevado.

El problema (o uno de ellos) es que no hay acuerdo entre los expertos sobre qué metodología aplicar para calcular las balanzas fiscales. En España hay al menos dos enfoques con los que se puede calcular esta resta o balance fiscal. Por un lado está el llamado enfoque del flujo monetario, que intenta medir cuál es el efecto que provoca el gasto del sector público en el territorio donde se efectúa; y, por otro lado, está el enfoque del beneficio o carga-beneficio, que trata de cuantificar cómo mejora el bienestar de los ciudadanos de un territorio gracias al gasto público. Los dos enfoques son correctamente calculados e igualmente válidos, el problema es el resultado de la operación, que es diferente-

Por ejemplo, si el Estado construye una carretera para unir dos comunidades pasando por otras regiones, según el primer enfoque, el gasto se repartiría en función del coste de la carretera en cada comunidad. Sin embargo, el segundo enfoque mediría el beneficio generado en las regiones ahora conectadas. Ambos son válidos y, puede que también complementarios, pero los resultados que se obtienen con cada uno de ellos pueden variar de forma significativa, según explican expertos del banco BBVA.

Por otro lado, también es difícil repartir algunos gastos del Estado, bien porque afecten a más de una región o bien porque no sean fácilmente asignables.

Desde el Gobierno de España explican que las comunidades autónomas con mayor renta per cápita son las que más contribuyen y tienen déficit fiscal y aquellas con menor renta per cápita son las que aportan menos a la hucha común. "Es lo que cabe esperar de un sistema fiscal progresivo y de una correcta redistribución de la renta a través del gasto público", apunta el Gobierno central.

Si se aplica el método de carga-beneficio para calcular la balanza fiscal, las cuatro regiones con mayor déficit fiscal según datos del Gobierno de España son Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Si se aplica el método del flujo monetario, las comunidades son las mismas, pero cambia el orden y el porcentaje del saldo sobre el PIB. En el caso puntual de Cataluña, el dato del saldo sobre el PIB varía entre el -6,38% y el -8,69% según la metodología que se aplique. 

Por otro lado las comunidades con superávit son Extremadura, Principado de Asturias, Galicia y Melilla según un método y Melilla, Ceuta, Extremadura y el Principado de Asturias según el otro.

Falta de transparencia

Estos datos son del Gobierno central son bastante antiguos, pues otra de las quejas de la clase política catalana es de la falta de transparencia por parte de la administración del Estado en este sentido. Reivindica desde hace año sin éxito que publique los flujos fiscales e inversores entre ambas jurisdicciones (la catalana y la del Estado) para conocer el reparto territorial de los costes y los beneficios de la acción pública del Gobierno de España, en este caso sobre Cataluña.

La falta de transparencia es un hecho objetivo. El Gobierno hace años que no publica esta información, a pesar de los compromisos de Mariano Rajoy y del gabinete de Pedro Sánchez. Del mismo modo que tampoco se ha actualizado, ni mucho menos reformado, el modelo de financiación.

Sin embargo, para que el Gobierno pudiera salvar este miércoles dos de sus tres decretos que llevó al Congreso de los Diputados, el PSOE pactó con Junts, entre otras medidas, la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales y el compromiso de reformar vía Consejo de Ministros, la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que aprobó en 2017 el Gobierno del PP y que "las empresas puedan volver a Cataluña".

"España nos roba": mito o realidad

Media Cataluña tiene interiorizada la idea de que, como la comunidad tiene déficit fiscal, hay un problema de financiación. Y no es exactamente así, no hay una relación causa-efecto. Una cosa es la financiación y otra cosa las balanzas fiscales. Estas son un instrumento más de los flujos económicos entre territorios, pero no es el único, como reconocen la mayoría de expertos. A menudo se mezclan los conceptos, pero ¿tienen que ver las balanzas fiscales con la financiación autonómica? La mayoría de expertos cree que no.

Hay un cierto consenso en que Cataluña contribuye según sus capacidades y riqueza lo que le corresponde; pero recibe mucha menor inversión que la adecuada para el peso de su PIB y de su población. La inversión estatal presupuestada es una de las vías aptas para corregir las disfunciones existentes, y es cierto que las partidas presupuestadas y finalmente ejecutadas en Cataluña se han reducido en los últimos años, al igual que todo el Estado en general. 

En cualquier caso, hace ya varios años que las balanzas oficiales del Gobierno indican que Cataluña no es la primera comunidad contribuyente neta, sino que ha sido desbancada por Madrid.

Siempre que esos niveles de desbalance no estrangulen el crecimiento de los territorios más prósperos, su mayor contribución neta deriva del principio de progresividad (a mayor riqueza, más fiscalidad), como pasa con los individuos.