La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha confirmado este viernes que el Gobierno, además del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, revisará el gravamen temporal a la banca teniendo en cuenta el nuevo escenario de tipos de interés.

Y, según ha explicado Calviño este viernes en Antena3, parece que es el momento de "revisar" estos impuestos "y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que ya no hay subidas tan rápidas de los tipos de interés y de los precios de la energía".

La vicepresidenta económica ha defendido la aprobación del impuesto a la banca, recurrido por las entidades, pues considera que fue "una buena decisión", lo que no quita para que ahora le parezca que es el momento de revisarlo y ver si hay que ajustarlo.

"Siempre hemos dicho que íbamos a hacer un análisis de esos dos impuestos para ver si hay que mantenerlos en el futuro y con qué parámetros, de cara a que sigan teniendo el mismo impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación y del económico".

Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido, por su parte, el mantenimiento de los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas y ha recordado  recogido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, que debe ser "cumplido".

"Le diría a la señora Nadia Calviño 'pacta sunt servanda' (lo pactado, obliga) y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar", ha añadido en un acto en Bilbao.

El PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno a revisar los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expiren los dos años de vigencia iniciales, 2023 y 2024. El texto, textualmente, dice lo siguiente: "Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".

Un impuesto que grava los ingresos

El Gobierno aprobó el impuesto extraordinario a la banca con el objetivo de recaudar en dos años unos 3.000 millones para financiar medidas sociales frente a la subida de tipos y de la inflación.

Las patronales bancarias recurrieron el nuevo tributo que grava con un 4,8% los ingresos -el margen de intereses y las comisiones del negocio bancario en España- en lugar de los beneficios, que el Gobierno consideraba extraordinarios por el alza de los tipos de interés.

El sector bancario español siempre ha manejado argumentos como que el impuesto atenta contra la competencia, ya que no afecta a todas las entidades, sino a aquellas cuyos intereses y comisiones sumaban al menos 800 millones de euros.

La gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pagó más de 1.300 millones de euros este año por el nuevo impuesto.