Un empresario que se benefició de una ayuda irregular de dos millones de euros de la Junta de Andalucía ha aceptado este lunes una condena de dos años de cárcel y el pago de una indemnización por un importe idéntico a la subvención que recibió. Con este desenlace, fruto de un acuerdo entre su abogado y la Fiscalía Anticorrupción, ha resuelto la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla un nuevo juicio de la macrocausa de los ERE, el cuarto que se celebra en lo que va de mes y año en el Palacio de Justicia. Hace once días hubo otro acuerdo en la pieza separada relativa a Hotelera Comar y al mismo tiempo se están desarrollando las vistas de las pólizas individuales y contra el conocido como 'chófer de la coca'.

Tras la conformidad pactada entre las partes, Manuel M.B. ha sido condenado en la misma sala a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ocupar cualquier cargo público por un delito de malversación y a tres años y medio del mismo tipo de inhabilitación por otro delito de prevaricación. En ambos delitos ha sido castigado como cooperador necesario. La fiscal ha recalcado que se le han impuesto "las penas mínimas".

El encausado era el propietario de las empresas Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, ambas con sede en Córdoba y ya liquidadas, la primera en 2012 y la segunda en 2008. En su día recibieron ayudas por valor de dos millones de euros "de manera arbitraria y fraudulenta" por parte de la Dirección General de Trabajo a través de la agencia Idea y con cargo a la partida presupuestaria 31L, usada para la financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas, según constaba en el auto de procesamiento dictado en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En el acuerdo con que se ha solucionado esta pieza separada también han participado las acusaciones ejercidas por la Junta y por el PP. Ambas se han adherido a las conclusiones definitivas de Anticorrupción, al igual que la defensa. El procesado ha sido el último en dar su visto bueno y el tribunal, acto seguido, ha procedido a dictar sentencia firme en la misma sala.

La defensa también ha solicitado que se suspenda la ejecución de la pena de cárcel. La Fiscalía no se ha opuesto, pero ha pedido que el tribunal no decida sobre la marcha sino en su sentencia, una vez que Manuel M.B. haya presentado un calendario de pagos para el abono de esos dos millones de euros y acredite que tiene "capacidad económica" para afrontar una responsabilidad civil de esa "envergadura".