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La Junta pone a prueba la capacidad de diálogo del Gobierno con la dependencia

  • El Ejecutivo regional exige al Estado que dé marcha atrás a los recortes, que han causado una merma de 518 millones desde 2012. "El PP no está preparado para gobernar en minoría", afirma.

Miguel Ángel Vázquez Miguel Ángel Vázquez

Miguel Ángel Vázquez / EFE (Sevilla)

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Primero fue la negativa a las reválidas que contemplaba la Lomce, con recursos judiciales incluidos. A continuación vino la aprobación del decreto que restituye la jornada semanal de las 35 horas para los empleados públicos de la Junta de Andalucía, desafiando la doctrina del Tribunal Constitucional. Y ahora toca la reforma de la ley de dependencia. El Gobierno andaluz plantea otro campo de batalla contra las políticas emprendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la pasada legislatura. El Consejo de Gobierno acordó ayer solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado con el fin de abordar los recortes a la aplicación de la ley de dependencia.

El objetivo es poner las bases para un "gran pacto de Estado" que garantice la financiación de las prestaciones y que el Estado aporte el 50% de los fondos, "tal y como está obligado por la ley", según indicó ayer el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, quien negó que el Gobierno andaluz busque la confrontación para camuflar la abstención del PSOE a la investidura de Rajoy. "Llevamos años reclamando la reunión de la conferencia de presidentes, y abordar la reforma de la financiación autonómica, la Lomce, la dependencia o la reforma laboral", insistió Vázquez. "Son reivindicaciones antiguas. El PP no quiere asumir su nueva realidad en España y es que le toca gobernar sin mayoría absoluta, algo para lo que parece que no están entrenados", argumentó el portavoz. "El Gobierno no tiene voluntad de diálogo. Es una pose, un diálogo de boquilla, como se vio en la convalidación de las 35 horas en el Parlamento, cuando el PP se abstuvo", agregó.

Población dependiente beneficiaria Población dependiente beneficiaria

Población dependiente beneficiaria / Dpto. Infografía

Para la Junta, el Ejecutivo de Rajoy "habla y pacta cuando quiere, pero por debajo de la mesa", en referencia a la propuesta de extraer las pensiones de viudedad de la Seguridad Social para que sean financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado. "El PP está negociando con la derecha periférica e independentista para dar un golpe al sistema de pensiones", aseguró el portavoz del Ejecutivo andaluz.

La propuesta del Consejo se plasma en solicitar una ronda de comparecencias en el Senado que sirva para remitir al Gobierno central un informe con recomendaciones para la mejora de la ley de dependencia. En ese marco, la Junta propondrá al resto de administraciones autonómicas que se sigan los ejes del Pacto de Estado sobre la dependencia que remitió al Gobierno central el pasado año. Entre otras medidas, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales. Esta disposición fue suprimida en 2012. También aboga por garantizar que la valoración sea realizada por los servicios públicos, así como agilizar los procedimientos administrativos para que la concesión de la ayuda no se dilate más de seis meses.

El Ejecutivo autonómico estima que la merma de financiación acumulada en Andalucía desde 2012 asciende a 508 millones de euros. A esta cantidad se suman más de diez millones que la comunidad ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia para unas 20.000 personas en situación moderada, lo que eleva el recorte a 518 millones.

Andalucía es la comunidad con mayor número de dependientes y de prestaciones concedidas. Un total de 185.200 personas se encuentran en situación de dependencia, que se benefician de 239.000 prestaciones, lo que supone el 23% del total. La Junta destinó en 2016 1.160 millones para la Dependencia, lo que supone prácticamente la dotación que reserva el Gobierno central para todo el país -1.250 millones, según los datos del Ejecutivo andaluz-. Para el próximo ejercicio, el proyecto de presupuestos autonómicos reserva una partida de 1.188 millones, un 2,5% más. Pese a que la ley establece que la financiación debe correr a partes iguales entre el Estado y las autonomías, la Junta sufraga actualmente el 78% del coste del sistema en Andalucía. "Y es una proporción que se repite en el resto de comunidades", agregó el portavoz.

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