La Junta de Andalucía ha defendido que la compra de material de protección en la pandemia se hizo "con total transparencia" y ha explicado que pagó un 35% menos que el Gobierno por las mascarillas que adquirió en una ocasión a la empresa FCS Select Products SL, ligada a las comisiones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en otras operaciones.

El 23 de marzo de 2020, mediante un acuerdo de emergencia, realizó una compra de materiales de protección para los profesionales sanitarios por valor de 23 millones, de fondos propios, de los que 1,1 millones fueron para esta empresa, para la compra de 3 millones de mascarillas quirúrgicas EFB 95 %.

La Consejería de Salud ha detallado que el contacto con esta empresa se hizo a través de un buzón de proveedores que se puso en marcha para que se ofrecieran a la Junta las empresas que dispusieran de material.

La Junta optó entonces por las empresas que aunaban "mayor calidad en sus productos y mejor precio", que en este caso fue un 35,4% más barato que el precio por el que adquirió las mascarillas el Gobierno central.

Según la Junta, pagó 0,31 euros más IVA por mascarilla, con un total de 1,1 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad abonó por el mismo producto 0,42 euros más IVA, hasta un lote total de 280 millones de euros.

El Ejecutivo andaluz ha asegurado que "no existió incidencia alguna con dicha empresa, ni se suscribió ningún otro contrato con la misma antes o después del mencionado".

Salud ha recordado que en enero de 2020 las plataformas logísticas provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) empezaron a experimentar dificultades para comprar material de protección a las empresas habituales y con las que había contratos formalizados, tal y como estaba ocurriendo a nivel mundial.

La situación se volvió "crítica" en la semana del 16 al 20 de marzo, tras requisar el Gobierno central el material de protección que iba a ser entregado al SAS a través de sus proveedores habituales y después de que estos retirasen los productos, "por temor" a que se volviera a hacer, lo que supuso perder pedidos de 1,7 millones de mascarillas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó entonces una modificación para poder pagar por anticipado a las empresas importadoras, que exigían el 50 % por adelantado y otro 50 % a la entrega del material.