La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha alcanzado un acuerdo con los representantes de la mesa sectorial del Primer Ciclo de Educación Infantil para actualizar los gastos de gestión de los centros que se encuentran adheridos al programa de ayudas para el fomento de la escolarización de los menores de tres años y que la cuantía por alumno escolarizado pase de 100 a 115 euros.

Asimismo, el acuerdo incluye que la Consejería abone un mínimo de 1.200 euros por cada unidad de hasta un año, 1.300 euros por las de un año y 1.800 euros por las de dos que cada centro adherido al programa tenga en funcionamiento.

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha destacado en una nota de prensa que "el acuerdo es un ejemplo más de la cooperación y el diálogo con el sector" para mantener el modelo actual en esta etapa educativa y "ofrecer una atención de calidad a los más pequeños y a las familias".

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, con los representantes de la mesa sectorial del primer ciclo de Infantil, tras el acuerdo.

En Andalucía, hay 2.163 centros de esta etapa escolar, que mantiene un sistema mixto público-privado, en los que trabajan más de 15.000 profesionales y tienen una tasa de escolarización del 52,14, según la Consejería.

En la mesa de negociación participan, además de la Administración, organizaciones patronales y asociaciones de titulares: Acade, ACES-Andalucía, Aeiou-Escuelas Infantiles Unidas, CECE-Andalucía y Escuelas Católicas de Andalucía, así como las organizaciones sindicales CCOO, FSIE-Andalucía, UGT y USO-Andalucía.

Críticas de la FAMP

En la mesa sectorial también participan los ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que no ha formalizado el acuerdo porque considera que la Consejería no ha dado "el trato institucional que corresponde a los gobiernos locales". Así lo ha asegurado el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, a través de un comunicado, en el que ha mostrado la "sorpresa y descontento" causado en el municipalismo andaluz por la negativa de la Administración autonómica a "posicionar a los gobiernos locales en el lugar institucional y protocolario que por ley corresponde" y que "ha  ha imposibilitado poder formalizar con plena normalidad la firma de un acuerdo sobre el que hay unanimidad de todo", reconoce.