Nuevo plazo agónico para Astilleros de Huelva. La Junta de Andalucía dio ayer a la empresa 48 horas para nombrar como apoderado al ex director general de IZAR, José Luis Álvarez, propuesto por la propia Administración autonómica. Y, además, instó a la celebración inmediata de la junta general de accionistas. En caso contrario, advirtió, "podrá verse obligada" a iniciar "las acciones legales que procedan".

Estas reclamaciones eran trasladadas ayer a los consejeros de Astilleros de Huelva mediante un requerimiento a cada uno de ellos (cuatro desde la dimisión de dos de los consejeros la pasada semana). En él se exige que en 48 horas desde la recepción del escrito se celebre un consejo de administración de la empresa para nombrar como apoderado a Álvarez, el candidato que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) propuso frente a los dos nombres aportados por Astilleros: Rafael López Tarruella, ex director general de Cajasol, en primer lugar, y el ingeniero Javier Suárez, en el segundo. Este apoderado se haría con todas las facultades del consejo de administración hasta que la junta general de accionistas de la empresa se celebre y lo nombre administrador único, cediendo el 51% de los derechos políticos a esta figura, que ostentará plenos poderes sobre la naval y podrá decidir incluso su liquidación sin consultar ni a IDEA ni a los propietarios.

Precisamente, la convocatoria de esa junta general es el segundo requerimiento que hace Innovación a la compañía. La Administración reclama la celebración "inmediata" de esa junta para que el apoderado sea nombrado administrador único "con todos los acuerdos y modificaciones estatutarias que resulten necesarias". En la junta se cederían además oficialmente el 51% de los derechos políticos a esta nueva figura, después de que varios consejeros firmasen un compromiso de cesión de más del 51% de esos derechos hace unas semanas. Ahora, IDEA reclama que éste se formalice como "cesión irrevocable y en documento público".

En este marco, el departamento de Martín Soler advirtió en declaraciones recogidas por Europa Press que "si la empresa no realiza las actuaciones anteriores", empezando por el nombramiento del apoderado general en el plazo indicado, IDEA "podrá verse obligada" a dar por resuelto el acuerdo de colaboración por "incumplimiento" del mismo e iniciar, "en defensa de los intereses afectados y de los trabajadores, las acciones legales que procedan, en la jurisdicción que corresponda, y, en particular, contra los administradores de Astilleros de Huelva".

Frente a ello, fuentes de la naval recordaban ayer que se había acordado convocar la junta general de accionistas para mediados de febrero; sin embargo, al permanecer encerrados los trabajadores en las instalaciones de la factoría desde el pasado mes de diciembre, el secretario del consejo de administración no ha podido convocar dicha junta al no poder acceder a la documentación. El encierro también habría frenado la negociación de la empresa con sus acreedores en el marco del proceso concursal iniciado por la propia compañía, que comunicó al juzgado su intención de negociar evitando así durante cuatro meses la presentación de un concurso por parte de alguno de sus acreedores. De finalizar ese plazo sin acuerdo, será la compañía la que tenga que presentar ese concurso.