Los servicios sociales envían un informe al juzgado que contradice la actuación de la empresa pública de vivienda, que reclamó en vía judicial el desalojo del inmueble.

El magistrado pide a los servicios sociales del Ayuntamiento que informen sobre la situación de vulnerabilidad de la familia.

La empresa, que debe más de 400.000 euros por el alquiler, debe abandonar el edificio antes del lunes. Hay 31 residentes y 70 usuarios del centro de día afectados. .

La empresa municipal de vivienda de Sevilla (Emvisesa) pide a un juez el desalojo de una familia, que tiene un menor con un grado de discapacidad del 36%, y el lanzamiento ya se ha fijado para el 15 de febrero.

Reclama al Ayuntamiento medidas urgentes para que la familia "abandone las condiciones en las que está viviendo y pueda reagruparse".

El Real Drecreto-ley 37/2020 de 22 diciembre incluye novedades como la ampliación de la prórroga en la suspensión de los juicios hasta mayo 2021.

Los decretos antidesahucios y la parálisis judicial de la Covid contraen también los lanzamientos practicados un 41% entre enero y septiembre.

Los servicios sociales deberán acreditar la situación de vulnerabilidad de los inquilinos y se establecerán líneas de préstamos para la protección tanto a los arrendatarios como a los arrendadores desfavorecidos.

El decreto incluye la ocupación de viviendas vacías de grandes propietarios.

Los agentes detuvieron a una joven de 23 años cuando intentaba ocupar el piso ubicado en la plaza Grazalema. .