Los sindicatos UGT y CCOO en Huelva denunciaron ayer, a través de un comunicado conjunto,

la gestión llevada a cabo por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) y exigieron en bloque una nueva Ley de Minas que permita tener elementos legales para seguir los proyectos mineros, controlando los compromisos de las empresas mediante un canon que las obligue.

No obstante, entre las denuncias más llamativas del comunicado está la relacionada con la "contaminación por arsénico y mercurio que han sufrido una serie de trabajadores". Los representantes del comité de empresa se han reunieron ayer con el delegado territorial de Empleo, Manuel José Ceada, quien se ha comprometido con ellos a actuar "con todos los recursos que tiene la Junta de Andalucía para clarificar la situación", enviando a las Inspecciones de Prevención y de Trabajo, una vez la empresa facilite el informe que se le ha requerido.

Ante este estado de cosas, "desde los sindicatos mayoritarios en el comité de empresa no vamos a estar pasivos y exigiremos se corrija cualquier situación de riesgo, tanto de la plantilla directa como la de las contratas, y pediremos se depuren las responsabilidades a que haya lugar".

En paralelo, Ceada mostró a los sindicalistas su rechazo a "la cadena de despidos indiscriminados, los incumplimientos del convenio y la falta de apoyo al desarrollo de la comarca de la Cuenca Minera que viene caracterizando la gestión empresarial de Matsa".

"Un proyecto minero no puede circunscribirse al beneficio empresarial puro y duro, como parece que es el objetivo que ahora le interesa a Matsa -principal empresa minera de Andalucía que explota Mina de Aguas Teñidas, Sotiel y Mina Magdalena en la provincia de Huelva", informaron las centrales sindicales.

Consideran que, en ningún caso, "las empresas mineras pueden eludir su responsabilidad social corporativa, máxime cuando sabemos que en las comarcas mineras suponen, hasta ahora, el único motor de desarrollo y que fuera de la actividad minera no existe vida económica que permita satisfacer las necesidades del conjunto de la población y especialmente la de nuestros hijos e hijas".

Por ello, exigen tanto a la empresa como a las administraciones "un empleo de calidad, directo, estable, seguro y con derechos, políticas de innovación y desarrollo minero, de investigación y sondeos y de diversificación industrial "serias y potentes".