Crimen de Almonte Los policías declaran que un guardia civil “bajito” rehusó recepcionar el cuchillo

  • Los agentes admiten ante la jueza que no instruyeron diligencias ni avisaron a sus superiores

  • La acusación pide que declaren el concejal de Seguridad Ciudadana y la jefa de la Policía Local

Los dos policías locales de Almonte llegan al juzgado de La Palma del Condado para declarar. Los dos policías locales de Almonte llegan al juzgado de La Palma del Condado para declarar.

Los dos policías locales de Almonte llegan al juzgado de La Palma del Condado para declarar. / M.G. (La Palma)

Los dos agentes de la Policía Local de Almonte que extrajeron de la alcantarilla del Callejón de los Granados un cuchillo, asunto denunciado ante la Policía Judicial por la familia de Miguel Ángel y María Domínguez (asesinados el 27 de abril de 2013), declararon el viernes en el Juzgado de Instrucción 1 de La Palma que entregaron el arma blanca a un guardia civil del puesto almonteño al que no han podido identificar, más allá de describirlo como “bajito”, como consta en las testificales a las que ha tenido acceso Huelva Información.

El único policía que proporciona una característica física de este misterioso agente de la Benemérita añade que le preguntaron “si tenía noticias de si había ocurrido algo con un cuchillo” y que dijo "que no”, a lo que agrega que incidieron en que “si podía venir la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) a recoger el cuchillo y les dijo que no porque la UCO no iba a venir a recogerlo porque no se correspondía con las características del utilizado en el crimen de Almonte”.

El otro declarante testificó al respecto que fueron al cuartel “para ver si lo dejaban allí y le preguntaron si tenía algo que ver con el asesinato de Almonte y les dijeron que no”, precisando presuntamente el guardia que “el cuchillo utilizado en el asesinato era de hoja fina más bien tipo jamonero, por lo que se llevaron el cuchillo y lo depositaron en un armario”.

Allí ha permanecido más de dos años y medio, según la versión ofrecida por uno de los agentes, que sitúa el hallazgo del arma “el 7 de junio de 2016, entre las 13:00 y las 14:00”, si bien ambos admiten que no instruyeron ninguna diligencia sobre esta actuación ni informaron sobre la incidencia a su jefa, Francisca Borrero.

Del relato de los declarantes se desprende que recibieron una llamada desde la central policial y que por ello se personaron en el Callejón de los Granados. Entonces uno de los efectivos levantó la tapa del husillo y lo extrajo “con un guante de látex”. Una vecina les ofreció una bolsa de plástico para meterlo, pero ellos lo acabaron introduciendo “en dos bolsas transparentes que estaban limpias” que solicitaron en una ferretería cercana.

Alcantarillado del Callejón de los Granados de Almonte, donde se encontró el cuchillo. Alcantarillado del Callejón de los Granados de Almonte, donde se encontró el cuchillo.

Alcantarillado del Callejón de los Granados de Almonte, donde se encontró el cuchillo. / Google Maps (Almonte)

El primer agente asegura que solo el pintor que encontró el cuchillo y otra mujer presenciaron la extracción. Preguntado por el fiscal del doble crimen de Almonte, Pablo Mora, sobre si había visto el cuchillo en otra ocasión o había abierto alguna vez ese sumidero, “dice que no, que el Ayuntamiento de Almonte realiza una o dos veces al año limpieza de alcantarillas”.

Durante el interrogatorio del abogado de la acusación, Luis Romero, este policía negó que haya un protocolo para dar aviso a la Guardia Civil cuando encuentran un cuchillo, y que no realizaron ninguna diligencia “porque cuando la Guardia Civil descartó que tuviera que ver con ningún hecho no se levantó acta” y lo guardaron en el armario. Tampoco comunicó el suceso a su superior, como también admitió su compañero, “ya que no se le dio trascendencia al mismo”.

El segundo agente reseñó que al armario en cuestión tienen acceso él y “nueve compañeros más”. Y que cuando lo han sacado estaba “igual a cuando lo introdujeron”. Posteriormente matizó que “él no tiene llaves de la taquilla, que no los nueve tienen llaves”.

El testigo de esta pieza separada del doble crimen de Almonte indicó ante la titular del Instrucción 1 y las partes que es habitual que realicen estas intervenciones “porque no hay muchas patrullas de la Guardia Civil”. En el momento en que guardaron el arma en la taquilla de la Jefatura, “no ponen ninguna diligencia, aunque se pone por regla general un acta, aunque en este caso no se hizo”.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a este periódico que hasta la fecha no tienen constancia de que se produjera siquiera el intento de entrega de ningún cuchillo, puesto que toda información o recepción conlleva un acuse de recibo que en este caso no existe.

Proposición de diligencias de pruebas

Este martes la acusación particular del  doble crimen ha presentado un escrito con el que solicita a la titular del Instrucción 1 de La Palma que acuerde la práctica de las declaraciones testificales de cuatro vecinos de Almonte, de la jefa de la Policía Local y del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz Trigueros, y del guardia civil que presuntamente decidió no recepcionar el arma en junio de 2016.

Luis Romero indica que Francisca Borrero “deberá aclarar si estuvo en el lugar del hallazgo del cuchillo o fue informada de ello, qué instrucciones dio a los agentes, por qué no se dio aviso a la Guardia Civil para la extracción, por qué no hay parte de servicio, registro de llamadas telefónicas, registro de objetos obrantes en el depósito de la Policía Local, por qué no se ha entregado el cuchillo en este juzgado hasta ahora, y deberá responder a las preguntas que se le formulen”.

A Díaz Trigueros quiere preguntarle “si fue informado del hallazgo del cuchillo, por qué no se dio aviso a la Guardia Civil para la extracción, por qué no hay parte de servicio, registro de llamadas, registro de objetos obrantes, por qué no se ha entregado el cuchillo en el juzgado hasta ahora, y deberá responder a las preguntas que se le formulen”.

Francisca Borrero, Rocío Espinosa y Antonio Joaquín Díaz Trigueros, ayer en la comparecencia. Francisca Borrero, Rocío Espinosa y Antonio Joaquín Díaz Trigueros, ayer en la comparecencia.

Francisca Borrero, Rocío Espinosa y Antonio Joaquín Díaz Trigueros, ayer en la comparecencia. / M.G. (Almonte)

En paralelo, la acusación particular pide que se libre oficio al puesto del Instituto Armado en Almonte “a fin de que identifiquen al guardia o los guardias que estuvieron en el servicio de puerta del cuartel el día 7 de junio de 2016”. Una vez se reciba la identificación, “deberá acordarse su declaración judicial”. También requiere que la Policía Local remita a juzgado copia de los registros de llamadas telefónicas de ciudadanos a la Policía Local los días 6 y 7 de junio de 2016, así como de los partes de servicio de esos días con la identificación de los agentes que actuaron.

Propone además que se solicite a la Jefatura de la Policía Local “que informe sobre si llevan algún registro de los objetos recogidos depositados en los armarios habilitados, y concretamente armas blancas”. En caso de respuesta afirmativa, “deberán aportar a este juzgado todas las referencias, número de registro y toda la documentación relacionada con el depósito de dicho cuchillo en el depósito habilitado para ello”.

Finalmente, y a tenor de lo que ocurrió el pasado viernes en sede judicial, el letrado interesa que los testigos no entren en la sala hasta que no hayan finalizado las cuestiones previas, que solo hable ante el tribunal uno de los abogados de la defensa de Francisco Javier Medina (o Francisco Baena Bocanegra o Juan Ángel Rivera), “ya que el pasado 14 de diciembre ambos letrados tomaron la palabra alternándose en el uso de ella, conculcándose el principio de igualdad de las partes” y solicita a la jueza instructora que “modere los tiempos de intervención en las alegaciones y cuestiones previas de las partes, a fin que podamos intervenir todos los letrados y el Fiscal, para que no monopolice las intervenciones una de las partes”.

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