Una cuarta parte de la población de Villarrasa, más de 500 vecinos, han brindado su apoyo en sólo una semana a los cinco trabajadores eventuales de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Villarrasa, que desde el pasado 20 de octubre mantienen un encierro en el Ayuntamiento, en demanda de que la institución local obligue a Cespa, concesionaria del servicio, el cumplimiento del convenio de cesión de los terrenos en los que se fija la obligatoriedad de priorizar la mano de obra local.

Los trabajadores tienen en marcha una campaña de recogida de firmas en apoyo a sus pretensiones, con la que esperan que el respaldo de toda la población de Villarrasa sea masiva y siga creciendo paulatinamente estos días.

En el manifiesto redactado para acompañar su petición, el colectivo denuncia que se despida a los villarraseros mientras se mantiene en nómina a "los enchufados por políticos y altos cargos de la empresa relacionados con la planta". Insisten en que sus reivindicaciones no se circunscriben únicamente al ámbito laboral, y que tienen también un trasfondo medioambiental. En este sentido sostienen que Cespa "únicamente recicla entre un 25% o un 30% de todos los residuos" que son llevados a la planta, ya que de las cuatro cabinas de reciclado que se encargan de cribar la basura, sólo una de ellas se encuentra operativa.

El portavoz de los trabajadores, Joaquín Domínguez, alega que la empresa, en connivencia con la Diputación y el Ayuntamiento, "que son conocedores del tema", permiten esta mala praxis que reporta infinidad de réditos económicos a la sociedad mercantil, que percibe los fondos públicos "en virtud de los kilos que gestiona la planta, no del volumen que recicla".

En consecuencia, afirma Domínguez, "la mayor parte de estos residuos acaban en el vertedero. No es el único incumplimiento del convenio de cesión de los terrenos. Los villarraseros habrían de quedar exentos del canon de recogida de basura, algo que tampoco se ha respetado, lo que representa "un engaño" más que ha sido perpetrado con el favor de la administración provincial y de un alcalde, Ildefonso Martín, que "evite implicarse" frente a todos estos agravios.

La Diputación no ha querido pronunciarse sobre las denuncias de los encerrados en el Ayuntamiento alegando que se trata de "un conflicto laboral de una empresa privada" de la que la Administración no ha de pronunciarse en ni uno u otro sentido. El regidor municipal tampoco quiso hacer declaraciones al respecto mientras elude mostrar el convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación al que aluden los trabajadores para priorizar la mano de obra local.

En Villarrasa se encuentra destinada actualmente parte de la plantilla de Tharsis, en virtud del acuerdo entre la empresa y los sindicatos para que siete trabajadores adscritos a esta última planta ejerzan durante 18 meses en la infraestructura coetánea del Condado. Los desplazamientos están siendo sufragados por la compañía, que incluso contabiliza el tiempo de transporte como jornada laboral.