Una nueva investigación de WWF calcula que hasta 1.360,2 hectáreas de cultivos se están regando ilegalmente en estos momentos en el entorno de Doñana fuera de la zona agrícola regable delimitada por el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de 2014, conocido como Plan de la Fresa. De ellas, el 80 %, han apuntado desde la organización conservacionista en un comunicado, "son cultivos de frutos rojos ilegales", una situación "grave" que se produce mientras el acuífero de Doñana se encuentra en una situación "crítica y su biodiversidad, en caída libre".

El nuevo estudio de WWF detecta las ilegalidades que los empresarios agrícolas están cometiendo en Doñana usando ilegalmente el suelo y el agua justo en el momento en que están sucediendo, gracias al uso de imágenes satelitales, ortofotografías aéreas, y comprobaciones sobre el terreno.

Por ello, WWF ha denunciado ante la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y el Seprona todas estas fincas ilegales y exige medidas urgentes para que se retiren los cultivos de regadío ilegal y se clausuren de forma inmediata todas las captaciones no autorizadas. Asimismo, preparará la documentación correspondiente para denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente los posibles delitos ambientales.

A este respecto, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, subrayó este jueves que el Gobierno andaluz está "a favor de que se cumpla la ley" por lo que "quien extraiga agua de manera ilegal sin concesión" del acuífero de Doñana "debe ser localizado y castigado". Así lo ha indicado durante su intervención en el ciclo Encuentros Ser Por el agua y las energías limpias Andalucía frente al cambio climático en Sevilla, al ser preguntado por el estudio de WWF en el que indica que "hasta 1.360 hectáreas de cultivos se están regando ilegalmente" en Doñana.

Fernández-Pacheco, aunque señaló que "no conocía el estudio aún", quiso dejar claro que el Gobierno de Andalucía "está absolutamente a favor" de que se cumpla la ley y "absolutamente en contra de que se incumpla", por lo que aquel que la incumpla, que extraiga agua de manera ilegal sin tener la debida concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues debe ser perseguido, debe ser localizado y debe ser castigado". "A la gente que lo hace bien hay que reconocérselo y a los que lo hacen mal hay que castigarlo. Y extraer agua del acuífero sin concesión correspondiente está mal, y por lo tanto, no se trata de amnistiar a nadie, sino de regularizar una situación que era irregular", comentó.

El estudio demuestra, además, que desde que se aprobó hace ya 10 años el Plan de la Fresa, la cifra de hectáreas de regadío ilegal de frutos rojos en el ámbito de este plan nunca ha descendido de las 1.000 hectáreas.

La investigación identifica que del total de la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental (zona A del POTAD), es decir, en un área donde los agricultores "arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales".

El informe de WWF también hace una estimación de cuánta agua se ha extraído de manera ilegal para regar estos cultivos.

El consumo de agua por parte de la agricultura ilegal podría llegar hasta 9hm3, lo que supone una amenaza para la recuperación del acuífero, que se encuentra en el máximo nivel de alarma.

"Es intolerable que una campaña más millones de kilos de fresas y otros frutos rojos regados con agua robada del acuífero de Doñana acaben en muchos supermercados nacionales y extranjeros, con total impunidad y ante los ojos de todas las administraciones responsables, mientras Doñana está al borde del colapso ecológico", declaró Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

En su opinión, "el robo del agua está provocando un impacto ambiental enorme, pero también económico al dañar la imagen del sector y provocar una competencia desleal con los productores legales" . "No se puede seguir invirtiendo más de 350 millones de euros de dinero público en el Acuerdo por Doñana, mientras se siguen cultivando más de 1300 hectáreas de secano y forestal transformadas ilegalmente en regadíos que se están enriqueciendo con absoluta impunidad", abundó.

Para rescatar a Doñana del colapso inminente se necesitan medidas más contundentes e inmediatas que garanticen la recuperación de la funcionalidad hidrológica de Doñana y que detengan la sobreexplotación del acuífero. Por ello, WWF ha exigido a la Junta de Andalucía que no modifique el Plan de la Fresa y cierre todas las hectáreas ilegales que son de su competencia. Asimismo, la organización ha reclamado al Miteco que multiplique sus esfuerzos para la clausura de todos los pozos ilegales y la implementación de un plan de extracciones para todo el acuífero de Doñana.