En más de 22 millones de euros cifran los ayuntamientos de la Costa de Huelva los daños ocasionados por los temporales en infraestructuras y en la agricultura. Las corporaciones locales han tenido de plazo hasta el pasado 3 de abril para poder tramitar las valoraciones de los destrozos causados en sus municipios. Hoy se reúne en Sevilla la Comisión Interadministrativa que coordina las actuaciones para abordar todas las ayudas necesarias en el ámbito de sus competencias.

Para ello se ha creado una comisión técnica encargada de realizar una evaluación única de los daños registrados, que está integrada por técnicos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de las diputaciones y subdelegaciones de las provincias de Huelva y Cádiz.

Algunos consistorios se han acogido a la declaración de zona catastrófica

El grupo de trabajo surgió tras el acuerdo alcanzado por la Comisión, creada el día 15 de marzo para coordinar las ayudas a tramitar e integrada por los responsables de las instituciones.

En la provincia onubense, el Consistorio de Almonte es el que contabiliza el mayor número de daños, que cifra en 7,4 millones de euros, que se han registrado sobre todo en la playa de Matalascañas.

Punta Umbría y Cartaya han evaluados los destrozos registrado en El Portil y Nuevo Portil en 3 millones, cada uno de ellos, al igual que Lepe por los daños que ha sufrido la playa de La Antilla. Por su parte, Isla Cristina, Palos y Moguer cifran los desperfectos en el litoral en dos millones. A los destrozos de los consistorios se suman los registrados por los chiringuitos diseminados a lo largo de la Costa por un valor de 1,5 millones, según la asociación.

Los campos de fresa también se vieron afectados por el temporal, sobre todo en Almonte y Cartaya, si bien se desconoce el montante global de los daños.

Huelva, con 20 carreteras dañadas, ha sido además la provincia andaluz por los temporales, según el balance realizado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha cifrado en unos 17,5 millones de euros los desperfectos ocasionados en las vías de comunicación y puertos andaluces, muchos de los cuales requieren una reparación con carácter urgente.

Las administraciones se han comprometido a actuar de forma conjunta y con celeridad, sin escatimar ni medios ni esfuerzos, para restaurar los daños ocasionados tan pronto como sea posible. La prioridad es que todos los municipios, empresarios y vecinos afectados por los temporales recuperen cuanto antes la normalidad y que las playas e instalaciones de las localidades más afectadas estén en perfectas condiciones para la temporada turística.

A modos de avance y hasta el momento, ya se han llevado a cabo varias actuaciones. Así, por parte del Gobierno se ha trasladado ya a la Dirección General de Costas un informe sobre los daños en el litoral para que emita una Orden declarando las obras de emergencia. También se remitieron a los ayuntamientos los formularios de valoración de daños que deben presentar para acogerse a las ayudas que contempla el Decreto Ley 307/2005, de 18 de marzo, que está permanentemente activado y establece mecanismos inmediatos de ayuda a familias, viviendas, personas físicas y jurídicas, corporaciones locales y obras de emergencia imprescindibles sin necesidad de declarar zonas catastrófica. Finalmente, tramitará vía Consejo de Ministros, la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencia de Protección de Civil, con la que se contemplan ayudas y actuaciones de los ministerios de Interior, Hacienda, Empleo, Agricultura, Presidencia y Economía, Industria y Competitividad.

Dicha declaración contempla gastos derivados de actuaciones inaplazables, ayudas agrícolas,a establecimientos mercantiles y turísticos, exenciones fiscales y reducciones laborales, entre otras medidas de ayuda.

Por su parte, el Gobierno andaluz va a llevar a cabo actuaciones en materia de Fomento, Puertos, Medio Ambiente y Turismo, dentro del ámbito de competencias de la Junta. Una vez se culmine la evaluación de los daños el Consejo de Gobierno deberá adoptar un acuerdo para activar el Fondo de Contingencia o el mecanismo apropiado con el que se sufragarán las actuaciones necesarias.