El alcalde asegura que los afectados sabían que construían de forma ilegal

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) entró en vigor a principios de 2003 y, a pesar de ello, desde entonces el número de expedientes y sanciones a edificaciones en suelo rústico fue prácticamente testimonial. Un hecho que alimentaría el que un sinfín de edificaciones se levantasen al calor de la impunidad con la que se construía en el campo. Ahora la Fiscalía ha decidido abrir la veda y las sanciones han comenzado a ejecutarse de forma inmisericorde a lo largo de toda la geografía provincial.

En Rociana del Condado son ya 30 los propietarios que han sido denunciados por el Seprona, a quienes la Fiscalía les reclama penas de 18 meses de prisión, multas de 40.000 euros y el derribo de la vivienda. Un grueso de sanciones que los afectados consideran sangrantes y que no se ajustan a la gravedad del delito en el que supuestamente abrían incurrido.

Ante estos hechos a nivel político se hizo un frente común gracias a una propuesta política del PA que fue secundada por todos los partidos con representación en la cámara local. En ella se insta al equipo de Gobierno del PSOE a "legalizar las construcciones que así lo permita", a la par que se iniciara una campaña informativa a todos los niveles para poner freno a este tipo de edificaciones.

La iniciativa persigue "agilizar, en la medida de lo posible, la concesión o no de licencias para edificar" aperos de labranza en suelo rústico. Pero esta buena sintonía saltó por los aires en el pasado Pleno ante las críticas del PA dirigidas al equipo de Gobierno por la "inacción" ante "el hecho de que ninguna de las propuestas se haya puesto en marcha".

Los socialistas rechazan tajantemente haber pecado de inacción pues el Ayuntamiento "cumplió con su obligación denegando las licencias" y el alcalde añadió que "los denunciantes conocían que estaban construyendo de forma ilegal en terreno rústico. Personalmente no me voy poner delante de las grúas para parar las obras", apostilla Huelva.

El alcalde dio a conocer que se han mantenido entrevistas a tres bandas con los alcaldes de Almonte y Villalba del Alcor para hacer frente común y buscar una solución conjunta.

Los andalucistas estiman que, tan sólo en Rociana, 280 inmuebles podrían encontrarse afectados por el incumplimiento de la LOUA. Es por ello que estiman que las administraciones han de arbitrar una serie de medidas para legalizar las viviendas, todo ello sin perjuicio de que tengan que modificarse ciertos aspectos puntuales del inmueble para acomodarse a la normativa vigente.

El portavoz andalucista, Wenceslao Muñoz, defiende la necesidad de "establecer un antes y un después", a modo de amnistía, ya que "durante décadas las administraciones, y más concretamente los ayuntamientos, han estado mirando para otro lado". De igual modo recordó que su partido aboga por un cambio de la LOUA por haber quedado "obsoleta, como refrenda el hecho de que en otras comunidades autónomas se permite la construcción e incluso se estipulan los criterios técnicos para ello".

Amaro Huelva quiso mandar un aviso a navegantes subrayando que contra "más se enmarañe, políticamente, el conflicto jurídico, mayores perjuicios podrían causar a los afectados". El edil socialista consideró "deleznable" que la oposición "utilice políticamente" la problemática, máxime cuando "la inmensa mayoría de las construcciones rústicas se realizaron en la pasada legislatura, precisamente cuando gobernaban en coalición andalucistas y populares".

El alcalde asegura estar entre "la espada y la espada. ¡No tenemos ni tan siquiera pared!". Recordó que "disponemos de una misiva de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva en la que "se nos exige colaboración" a la hora de resolver las denuncias sin injerencias y aportando toda la documentación que se les demanda desde el órgano judicial. Y del otro lado, tiene a los afectados. En base a estos criterios mantiene que "nadie puede pretender que cometamos una ilegalidad para resolver otra", si bien matiza que se encuentran inmersos en negociaciones con otros ayuntamientos afectados para aunar esfuerzos y vislumbrar posibles soluciones, si bien matiza que el 'conflicto' supera el marco competencial de las corporaciones locales.