El portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la Diputación de Huelva, David F. Calderón, defenderá en el próximo Pleno provincial una iniciativa con la que pretende que “Diputación gestione de forma pública y directa el Servicio de Ayuda a Domicilio provincial cuando acabe el contrato que se está licitando actualmente, en vez de seguir haciéndolo a través de empresas privadas”. Dicho servicio supone el mayor contrato público que saca a licitar el organismo provincial, por una cuantía cercana a 140 millones de euros para un periodo máximo de cuatro años. Además, en la provincia de Huelva trabajan 1.800 auxiliares de ayuda a domicilio, que atienden a más de 6.000 personas dependiente de la provincia.

Calderón defiende que “las empresas pueden hacer negocio con los deseos de la gente, pero no deben hacerlo con las necesidades de la gente”. Para Calderón, “la Ayuda a Domicilio es una necesidad, como la sanidad, la educación, el agua y la energía. Nadie debería hacer negocio con esas necesidades, que tendrían que prestarse siempre de forma pública y directa”.

Actualmente, la Diputación tiene subcontratado la prestación del SAD a su cargo con la empresa Macrosad, mediante una adjudicación que finalizará a finales de 2022. Recientemente, la Diputación de Huelva ha sacado a licitación pública la prestación del SAD, mediante un nuevo pliego de condiciones dirigido a garantizar mejores condiciones laborales para las auxiliares de ayuda a domicilio y facilitar el acceso a este contrato público a empresas de menor tamaño. De este modo, “se han conseguido establecer cláusulas con las que mejorar las condiciones laborales y salariales de las auxiliares, evitando que la reducción del salario sea un criterio para conceder estos contratos públicos”, ha explicado Calderón. Las auxiliares de ayuda a domicilio, siendo la inmensa mayoría de ellas mujeres, cobran actualmente un salario que no llega a los mil euros mensuales.

Calderón ha precisado que “el actual proceso de licitación del SAD ha introducido notables mejoras respecto a los procedimientos anteriores, desarrollándose de forma participada, dividiéndose en un mayor número de lotes para facilitar el acceso a pymes y excluyendo el precio/hora como criterio de valoración para evitar los abusos salariales”. El portavoz provincial de Unidas Podemos considera que “estos avances preparan el camino para blindar la calidad de nuestro SAD y las condiciones laborales de las trabajadoras a través de un nuevo modelo de prestación pública y directa”.