La empresa Reciclados Tartessos ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Gibraleón por considerar que está “intentado paralizar la actividad” de la compañía a pesar de que cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía. Los responsables de la compañía entiende que el bloqueo es un “claro abuso de poder” y puede constituir un delito de prevaricación.

Reciclados Tartessos ha denuncia la “inactividad” y falta de pronunciamiento del Consistorio en relación a la licencia municipal de apertura de la planta de trituración de escombros, situada en el paraje Los Salones, de la que ha recibido la Autorización Ambiental Unificada (AAU), estando tramitando en la actualidad el plan de actuación en el Ayuntamiento.

La empresa considera que el bloqueo administrativo es contrario a derecho y resulta lesivo para los intereses de la compañía, “causándole un evidente perjuicio”.

Los responsables de la empresa no entienden la falta de pronunciamiento del Consistorio sobre la licencia de apertura solicitada, en tiempo y forma, a la administración local para el desarrollo de la actividad de la entidad Reciclados Tartessos.

La compañía de reciclados denuncia también que el Ayuntamiento ha procedido al precinto de las instalaciones “sin medida justificada”, en fecha 9 de octubre de 2018, máxime cuando por auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva establece que “no parece debidamente justificada” y que a tenor de la “abundante prueba documental aportada, así como de las declaraciones de perjudicado e investigados, no se desprende la existencia de actividades no autorizadas que contravengan de forma flagrante y grave la normativa urbanística ambiental”.

La compañía considera que el bloqueo administrativo es contrario a derecho y que perjudica sus intereses

Asimismo denuncia que el Ayuntamiento ha procedido al precinto de maquinaria que no solo corresponde a Reciclados Tartessos, sino que es propiedad de otra entidad, causándose a las mismas un grave perjuicio al paralizar la actividad.

Por ello ha solicitado al juzgado la adopción de la medida cautelar consistente en dejar sin efecto el precintado llevado a cabo por parte del Consistorio de las instalaciones destinadas al reciclado.

Los responsables de la empresa insisten en que el Ayuntamiento ha actuado contra Reciclados Tartessos a pesar de que la Fiscalía archivó la causa cuando la Administración local presentó la denuncia por “falsos delitos medioambientales y de actividad”.

La planta de residuos de construcción y demolición cuenta con la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que concedió la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, competente en la materia. Además, las instalaciones han sido sometidas a Evaluación de Impacto de Salud.

La planta cuenta con la Autorización Ambiental Unificada de la Junta de Andalucía

La empresa cuenta igualmente con un informe sobre posible afecciones en la vía férrea por el arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y perito colaborador con la administración de Justicia, así como con el permiso de gestor de residuos no peligrosos.

La compañía presentó en 2015 la solicitud para la planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición y desde entonces sólo ha encontrado “obstáculos” por parte del Consistorio, cuando se trata de una empresa que “genera riqueza y puestos de trabajo, y además contribuye a preservar el medio ambiente”, según la dirección de la compañía, que denuncia asimismo que hay empresas que realizan labores de trituración de forma ilegal a sabiendas del Ayuntamiento.

La compañía asegura que el Consistorio está obligado a colaborar con ella para sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de recicle y sin embargo solo se ocupa de cobrar la tasa de residuos.

Los responsables de Reciclado Tartessos afirman que entre los trabajos que han realizado por recomendación de la Administración figura la certificación de los escombros relacionados con la obra por sentencia judicial de Diego Expósito, exalcalde de Alosno, procedentes de la demolición de su vivienda-chalet, en el paraje Huerta de las Papas, que fueron depositados en esta planta de tratamiento de residuos.