Consejo de Participación de Doñana El Gobierno apoya sin fisuras la labor de la CHG en el cierre de pozos ilegales

  • Fernández aboga por un acuífero “fuerte y saludable” para garantizar su conservación

  • Incide en que “hay que actuar con paso firme para acreditar la conservación del parque”

Un instante de la celebración del Consejo de Participación de Doñana, en el Ciecema de Almonte. Un instante de la celebración del Consejo de Participación de Doñana, en el Ciecema de Almonte.

Un instante de la celebración del Consejo de Participación de Doñana, en el Ciecema de Almonte. / Amelia Uceda (Almonte)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, fue ayer claro al apoyar la labor desempeñada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en su labor de cerrar pozos ilegales de agua subterránea en el Parque Natural y Nacional de Doñana. De esta forma, Fernández aclaró que la CHG está obligada a cumplir el ordenamiento jurídico –en referencia a los 77 pozos clausurados en Lucena del Puerto– amén de las distintas actuaciones puestas en marcha por el organismo para mejorar el estado del acuífero del parque.

Así lo manifestó ayer el representante en Andalucía del Gobierno central en declaraciones a la prensa durante su intervención en el Consejo de Participación de Doñana, que se celebró ayer en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medio Ambientales (Ciecema) de Almonte, hasta donde se desplazaron miembros de todos los entes relacionados con el espacio protegido en su área de influencia.

Es la primera vez que el delegado del Gobierno acude a este consejo, que se celebra varias veces al año para analizar y dar cuenta del estado del parque, donde se destacó el 50 aniversario de la creación del mismo, que es el humedal más importante de Europa y sobre el que no cabe otra opción que actuar "con paso firme para acreditar la conservación del parque", según él mismo subrayó.

Lucrecio Fernández (izda.), acompañado por el presidente de la CHG, Joaquín Páez, ayer en Almonte. Lucrecio Fernández (izda.), acompañado por el  presidente de la CHG, Joaquín Páez, ayer en Almonte.

Lucrecio Fernández (izda.), acompañado por el presidente de la CHG, Joaquín Páez, ayer en Almonte. / Amelia Uceda (Almonte)

Fernández quiso poner de manifiesto con su presencia la importancia para el Gobierno de España de las políticas "transversales" en cuanto al cambio climático, recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la relevancia de Doñana para Europa. De hecho, el delegado valoró positivamente los esfuerzos por recuperar tres masas de agua de las cinco con las que cuenta el acuífero de Doñana, que se encuentran con los niveles más bajos.

En este sentido, el presidente de la CHG, Joaquín Páez, que también asistió al consejo, enfatizó que están trabajando para que esas tres masas de agua vuelvan a tener en el año 2027 los mismos niveles que en el año 2000.

Páez remarcó, además, que la labor de la Confederación va más allá de llevar a efecto sentencias judiciales, a la que están obligados de forma subsidiaria, sino que han cerrado más de 400 pozos desde enero de 2018, en los que en casi 300 lo que se ha hecho en muchos casos es sustituir pozos de agua subterránea ilegal o legal por suministro de agua a los agricultores a través de regadío.

LA CHG trabaja para que 3 de las 5 masas de agua de Doñana se recuperen en 2027

Asimismo, la concesión de 318 hectáreas de terreno para la comunidad de regantes del Fresno es otra de las medidas puestas en marcha para equilibrar el desarrollo sostenible de la zona, que se encuadra en "la política positiva en defensa de Doñana", como la calificó Fernández.

En otro orden de cosas, Lucrecio Fernández mostró la preocupación del Gobierno de España por los impuestos arancelarios que prevé instaurar Estados Unidos a la Unión Europea y que afectan de forma directa a las empresas alimentarias españolas.

Así, indicó que el Gobierno español está "sorprendido" por un conflicto que tiene que ver con la industria aeroespacial y que el Gobierno Trump ha trasladado a "una guerra comercial".

Se trata de unos "aranceles injustos" y espera la máxima fortaleza de los mandatarios europeos en la negociación con Estados Unidos, en la que debe mantenerse absolutamente firme en la defensa de los productos españoles que el Gobierno español está manifestando en Europa.

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