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La CHG cerrará este mes 77 pozos ilegales y 4 pozos de Agrobionest

  • Según Joaquín Paez la empresa de agricultura ecológica es la que más agua extrae irregularmente

Joaquín Páez, presidente de la CHG, muestra uno de los pozos ilegales en la localidad de Lucena. Joaquín Páez, presidente de la CHG, muestra uno de los pozos ilegales en la localidad de Lucena.

Joaquín Páez, presidente de la CHG, muestra uno de los pozos ilegales en la localidad de Lucena. / José Manuel Vidal (EFE)

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Paéz, adelantó que a lo largo de este mes se van a cerrar 77 pozos ilegales en el término municipal de Lucena del Puerto y otros cuatro pozos de los que extrae agua la empresa Agrobionest, ubicada en Almonte. Páez señaló que la empresa de agricultura ecológica Agrobionest es una de las industrias agroalimentarias que más agua ha extraído de manera irregular, hasta 0,5 hectómetros cúbicos. “Los vamos a cerrar, clausurar y sellar de forma inminente”, afirmó el responsable de la CHG, quien explicó que la empresa almonteña ha dirimido este conflicto en los tribunales, que han dado la razón a la Confederación en cuanto a que el agua que usaba no era privada.

La CHG clausura los pozos de manera subsidiaria, ya que el cierre de los 77 pozos, localizados en unas veinticinco hectáreas de monte público de Lucena y cuyo expediente se remonta a 2013, supone un coste de unos 70.000 euros, que después recuperará, ha precisado Joaquín Páez. En los dos últimos años la CHG cerró en toda la cuenca del Guadalquivir más de 300 pozos ilegales.

A pesar de estas prácticas de extracción ilegal de agua en el entorno de Doñana, donde se concentran la mitad de los expedientes sancionadores de la cuenca del Guadalquivir, su presidente aseguró que el 90 % de los regantes son legales porque tienen concedidos los derechos de agua o están en proceso de regularización. No obstante, advirtió de que no va a ceder a las “muchas presiones” que ha recibido en los últimos meses de “agricultores ilegales” agrupados en una asociación minoritaria del Condado y que se han manifestado pidiendo su dimisión.

Además, se han producido hechos “muy desagradables” como fue la “persecución” hace unos meses de un trabajador de la CHG y ha avisado de que “no consentirá que se ponga en tela de juicio la profesionalidad del trabajador agredido” por los agricultores. Paez garantizó que el Gobierno central respalda totalmente la actuación de la CHG en el entorno de Doñana y le “consta” que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “está al tanto de todo lo que pasa” en ese entorno natural. Al margen de este episodio con una asociación “minoritaria”, la relación del presidente de la CHG con los regantes del Guadalquivir es “excelente”.

“Queremos resolver los problemas de los regantes, pero no me van a encontrar justificando prácticas ilegales” porque hay otras asociaciones como la del Condado que tienen problemas al estar regularizando los riegos, pero hay colaboración y confianza. Sin embargo, añadió que “cualquier asociación de ilegales tendrá que intentar solucionar sus problemas”, ya que la Junta es la que tiene las competencias en suelo agrícola y para poder legalizar sus cultivos se tiene que cambiar el plan de la corona norte forestal de Doñana, por el que todos los agricultores que tuvieron acreditado haber regado antes de 2004 podían hacerlo.

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