medio ambiente

El Defensor del Pueblo pide protección para el acuífero de Doñana

  • Fernández Marugán reclama un programa de actuación para coordinar la planificación de los recursos hídricos

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. / zipi / efe

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, instó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que declare las masas de agua subterránea de Almonte, Marismas y Rocina "acuífero sobreexplotado", conforme establece la Ley de Aguas.

En opinión del Defensor, ello conllevaría un control más estricto de los plazos para cumplir las medidas necesarias para revertir el actual mal estado de estas aguas, que afecta a espacios naturales protegidos de relevante valor ecológico, según informó el órgano.

A juicio de la institución, las medidas para revertir el actual estado de los acuíferos de Almonte, Marismas y Rocina "no pueden posponerse indefinidamente en los sucesivos planes hidrológicos cuando existen deterioros significativos de las aguas, y no se han adoptado todas las medidas posibles para evitar daños irreversibles o de difícil reparación al Espacio Natural de Doñana".

Por ello también pidió al organismo encargado de la Administración y control del Dominio Público Hidráulico que garantice el uso sostenible de los acuíferos mediante un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine la planificación de los recursos hídricos, la actividad agrícola y la protección de los espacios naturales. Esta sugerencia se enmarca en una actuación de oficio para comprobar las actuaciones acometidas por la CHG para frenar la tendencia de continuo descenso de los niveles de aguas subterráneas en el antiguo acuífero Almonte-Marismas, como consecuencia de las extracciones para usos agrícolas.

El mal estado de las aguas fue advertido en los informes elaborados por la Delegación Institucional de Andalucía del CSIC, aportado por el Defensor del Pueblo Andaluz, y por la propia CHG.Tras dos peticiones de información, el Defensor del Pueblo no ha podido concluir que la CHG esté ejerciendo con suficiente decisión las funciones que tiene atribuidas por la legislación de aguas. Así, dicho organismo no ha remitido información que permita concluir que conoce con exactitud el número de pozos ilegales existentes en la actualidad, ni sobre las sanciones impuestas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios