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Cs anuncia medidas que “darán seguridad jurídica a las concesiones portuarias”

  • La provincia de Huelva cuenta con siete concesiones con más 500 empleados

Julio Díaz, en el puerto deportvio de Mazagón.

Julio Díaz, en el puerto deportvio de Mazagón. / Huelva Información (Huelva)

El portavoz provincial de Ciudadanos Huelva y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, anunció que el partido naranja y el PP han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía que dará a las concesiones portuarias onubenses “la seguridad jurídica que los gobiernos socialistas negaron”.

El nuevo texto normativo, que modifica la Ley 21/2017 de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, establece los plazos de las concesiones y las prórrogas. En concreto, regula el problema existente, sobre todo en 13 concesiones relevantes en toda Andalucía, y determina que estas concesiones tienen un plazo de 50 años desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos del Estado de 1992, con la posibilidad de otorgarle una prórroga si realizan una inversión de 0,25 y el 5% por año de prórroga del valor de las instalaciones de la concesión; amplía el plazo máximo de las concesiones demaniales de 30 a 50 años, con un período de prórroga extraordinaria con un tope máximo de 75 años, “con el propósito de promover una mayor inversión privada y competitividad de los puertos andaluces”; e introduce la norma de derecho transitorio que posibilita a las concesiones otorgadas con anterioridad acceder a estas prórrogas, “incluyendo a aquellas concesiones no vigentes si hubieran tenido derecho a estas prórrogas si la Junta hubiera legislado en su momento”, esboza Julio Díaz.

El parlamentario andaluz ha detallado que los 17 puertos andaluces que dependen de la Agencia de Puertos de Andalucía, con siete concesiones, entre los que se encuentran los de El Rompido, El Terrón, Huelva, Marina Nuevo Portil, Marina de Isla Canela y dos concesiones en Punta Umbría, en la provincia de Huelva, cuentan con 500 empleados en plantilla y gestionan más de 7.000 atraques. “Estos datos dan cuenta de la trascendencia social y económica de este conflicto, que urge una solución”, indica.

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