Final de curso

El curso que marca el ecuador de la legislatura finaliza en la misma tónica en la que se ha desarrollado durante los últimos meses: clima de convulsión y parálisis política con Pedro Sánchez escudándose detrás de unos datos económicos que le son objetivamente favorables –en la misma medida que favorecen a Juanma Moreno en Andalucía– y con Alberto Núñez Feijóo buscando ansiosamente unas elecciones rápidas a las que parece querer ir con una derogación global del sanchismo como programa casi único. A estas alturas, el compromiso asumido por el presidente del Gobierno de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, algo que no ha hecho en los dos últimos ejercicios, suena casi cómico. Hasta ahora ha eludido esa obligación constitucional y nada hace indicar que sus frágiles apoyos parlamentarios vayan a permitirle otra cosa en el futuro. El principal problema político del país, junto con la afloración de casos de presunta corrupción que afectan al núcleo duro del Gobierno y del PSOE, es que el Ejecutivo está preso de unos socios parlamentarios que, por un lado, lo someten a un chantaje permanente y que, por otro, le impiden que desarrolle algo parecido a un programa. Se ha visto en las últimas semanas con el aplazamiento del envío al Congreso de las leyes para reducir la jornada laboral o la de reforma de acceso a la carrera judicial, dos medidas polémicas en las que Sánchez se arriesgaba a recibir sendas derrotas parlamentarias que lo pondrían en una situación todavía más débil. No deja de llamar la atención que, en medio de este enorme deterioro de la situación política, la principal fuerza de la oposición no presente a los ciudadanos una alternativa ilusionante y gaste todas sus energías en el combate cuerpo a cuerpo contra los socialistas. Es posible, como asegura Sánchez, que el Gobierno aguante enrocado los dos años que le quedan de mandato. Pero se arriesga a un empeoramiento del clima social que puede dejar al PSOE sentenciado para mucho tiempo.