El fiscal general debe irse ya

La decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secreto, no solo era previsible, sino que había quedado descontada por el propio interesado durante su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial y en presencia del Rey. Sin embargo, el hecho de que el Alto Tribunal haya hecho oficial el último trámite que faltaba para la apertura de juicio oral obliga a subrayar una vez más lo inédito de esta situación procesal y la necesidad, en aras de preservar la arquitectura institucional del Estado y el propio prestigio de la Fiscalía, de que García Ortiz abandone su puesto de forma inmediata y no se presente ante la sala que debe de juzgarlo ostentando la máxima responsabilidad del Ministerio Público. Se trata de un asunto de la máxima gravedad. Ello no conculca el derecho de García Ortiz de proclamar hasta el final su inocencia, sino todo lo contrario. El fiscal puede sostener que no es autor de la filtración que se le imputa e incluso que es víctima de una conjura para desposeerlo del cargo. También el Gobierno puede reafirmar su confianza en el procesado y respaldar el trabajo que ha hecho. Pero lo que no se puede hacer es jugar con el Estado y comprometer a las instituciones. Desde cualquier punto de vista que se quiera abordar, el hecho de que García Ortiz se resista a dejar su puesto conculca los principios básicos de división de poderes y respeto institucional sobre los que descansa la democracia española desde hace ya casi medio siglo. Ponerlos en entredicho tiene una trascendencia que tanto el fiscal como el Gobierno parece que se niegan a valorar en sus justos términos. Incluso si finalmente fuera declarado inocente, el hecho de que se siente en el banquillo un fiscal general del Estado habrá sido un atentado contra el sistema político. Cuanto más se prolongue esta situación, peor para todos.