Las togas nos defienden

En 1873 publicaba la Gaceta un Decreto firmado por Nicolás Salmerón, ministro de Gracia y Justicia de la I República que pretendía eliminar lo que calificaba de dañoso arbitrio del Ministerio en el nombramiento de jueces y fiscales con el objetivo de emancipar al Poder Judicial de la tutela del Ejecutivo. Ese perturbador predominio afectaba, no sólo a la administración de justicia sino a la propia esencia de la democracia liberal para la que es fundamental promover y defender la independencia judicial.

No hay democracia real si los jueces no son libres para investigar, encausar y juzgar los excesos del Ejecutivo y el Legislativo. En un Estado de derecho todos los ciudadanos e instituciones, públicas o privadas, han de ser responsables ante la Ley. Responsabilidad que no excluye a legisladores o gobernantes. El propio poder del Estado debe subordinarse al orden jurídico. Y no como mero procedimiento. En democracia no valen los decorados. El Estado de Derecho ha de ser fuerte, lo que significa que todo poder ha de ser limitado por la ley que condiciona formas y contenidos.

Nuestra historia no ha sido respetuosa con la independencia judicial. Ni monarquías, ni repúblicas; ni democracias, ni dictaduras; ni conservadores, ni progresistas la han respetado. La Constitución del 78 la exige, aunque los partidos se empeñen en rodearla dado el caso. Pero este Gobierno que alardea de demócrata quiere volver a convertir la justicia en lo que hace siglo y medio denunciaba Salmerón, una extensión del Ejecutivo. Entregar la instrucción de los procedimientos a una Fiscalía jerarquizada y siempre dependiente en exceso del Gobierno de turno, no es que sea escandaloso es que nos suena a que más que perseguir la corrupción, quieren institucionalizarla. Una de las habituales maniobras del populismo es la de confundir a la sociedad con el líder y convertir en afrentas al pueblo o la nación, las críticas recibidas por el Gobierno, amén de buscar un enemigo al que responsabilizar de su propia inestabilidad. Y ahora, entre esta marea de corrupción, el Gobierno le ha puesto la toga al monigote que quiere quemar en plaza pública para alabanza del líder providencial y carismático. Los jueces y fiscales no están defendiendo ningún privilegio sino al Estado de Derecho. Esto es, nuestra Libertad y Democracia.