Lo que comenzó este verano siendo una crisis alimentaria va cogiendo forma de una trama en la que se suma un despropósito tras otro. Y lo peor, pone en duda las medidas de seguridad y control que presuponemos en procesos relacionados con nuestra alimentación.

Las irregularidades en la trama de la listeriosis han sido múltiples y según ha publicado este periódico a lo largo de la semana, el dueño de la principal empresa implicada, Magrudis, tenía conocimiento de los problemas de contaminación en la carne desde el año pasado, al menos desde el mes de diciembre. Pero aún así, ni adoptó medidas para frenarla, ni lo comunicó a ninguna autoridad sanitaria. Pero como eso no parece suficiente, la investigación ha puesto sobre la mesa la existencia de una empresa paralela, que operaba a pesar de carecer de todo tipo de papeles y, por supuesto, de un registro sanitario.

El brote de listeriosis se identificó en el mes de agosto, cuando se declaró la alerta sanitaria. Desde entonces, y en apenas ocho días, los acontecimientos se sucedieron a gran velocidad hasta el punto de provocar la muerte de tres personas, el aborto de siete mujeres y la infección de más de 200 personas.

Durante estos días me han venido a la cabeza muchos pensamientos, entre ellos la reivindicación que durante años vienen haciendo pública los empresarios de Huelva para que la labor de inspección se refuerce en todos los ámbitos y no sea una actividad casi exclusiva para los negocios "que cumplen la ley", sino que se intensifique y modifique para sacar a la luz actividades que responden a una economía sumergida, que no se ajusta a la norma porque opera al margen de toda legalidad. No les falta razón porque la empresa que ahora se investiga judicialmente por la listeriosis operaba desde el año 2013, pero a pesar de ello, desde entonces, sólo ha recibido dos visitas de un inspector. Dos en seis años... Tengo la impresión de que resulta más que escaso.

El brote de la listeriosis ha retirado de las estanterías de numerosos establecimientos de Huelva la carne mechada, a pesar de no tener nada que ver con Magrudis. En el Mercado del Carmen, no hay posibilidad de adquirirla tras su retirada de los expositores. En los bares es casi una misión imposible consumirla y en los restaurantes, más de lo mismo. ¿No creen que con una mayor control e inspección habría más posibilidades de devolver la tranquilidad a los consumidores? Estoy convencida que sí.