El filibusterismo político es habitual entre los que son capaces de perpetrar trampas y tretas de dudoso calado para hacerse con el poder. Es muestra general de que su ejecutor pretende no sólo apropiárselo sino perpetuarse en él. Y de ahí a la dictadura no hay más que un paso. No hay espacio para enumerar ejemplos bien evidentes. El acuerdo para desposeer al PP de la capacidad de rechazar en el Senado la senda del déficit y poder esquivar la mayoría absoluta en la Cámara, con objeto de que el Gobierno pueda aumentar el gasto público en los Presupuestos Generales, no es sólo una artimaña contraria al noble juego democrático sino la clásica añagaza de quienes, desvirtuando la normalidad institucional, desafiaban a los expertos constitucionalistas que habían alertado de un posible fraude de ley. Esto abrió un conflicto jurídico en la tramitación de los Presupuestos que se ha saldado con la aprobación, con los votos mayoritarios de PP y Ciudadanos, de la exclusión de la enmienda socialista.

Es la actitud flagrante de unos grupos políticos, entre ellos los nacionalistas y rupturistas, que cuentan con el beneficio de los escaños a pesar del menor número de votos, y los radicales, prestos a denunciar a bombo y platillo las corrupciones, dependiendo de donde se produzcan, que sin embargo están dispuestos a forzar sin escrúpulos las leyes parlamentarias con tal de poder aplicar el nuevo objetivo de déficit y aumentar el gasto público. No parece lo más apropiado en una circunstancia en que la economía no aventura los mejores auspicios sino todo lo contrario. Y por otra parte la coyuntura política no es la más propicia cuando las amenazas y provocaciones del nacionalismo catalán arrecian y se enquistan, mientras el presidente del Gobierno dice que "cuando hablamos de política catalana, falta empatía" y justifica a su delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, refiriéndose a los posibles indultos a los políticos catalanes encarcelados, de lo que también hablaba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmando que no sería lógico "alargar demasiado" la prisión preventiva si el proceso se alarga.

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazaban el pasado lunes estas declaraciones invocando con toda la razón el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial. Un principio fundamental del Estado de Derecho que muchos tratan de burlar. Recordemos al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, advirtiendo al presidente Sánchez que debe instar a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión a los procesados en la cárcel y en fuga si quiere sacar adelante las cuentas del Estado. Esto es lo que, por lo visto, los nacionalistas pretenden imponer en su "república catalana". Es decir que además de amenazas, provocaciones e injurias al Estado, incurren en el más vil chantaje.