La Casa Real española no puede vivir en una burbuja inalterable anclada en el pretérito. Y mucho menos en un permanente cuento de hadas de color fucsia y de papel cuché, como suelen representarla las publicaciones amarillistas, esas que denominamos coloquialmente como "revistas del corazón". Esas actitudes quedaron relegadas afortunadamente a la Historia de este país y no a la realidad en que vivimos: un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Es cierto que nuestra Constitución le otorga al Monarca unos derechos que han de ser respetados, al menos mientras no se modifique la misma con las garantías jurídico-legales establecidas para ello, pero, tales derechos, pueden ser cuestionados por la ciudadanía en el momento en que tan magna institución incumple con sus obligaciones para con España, los españoles y sus intereses.

España es una monarquía parlamentaria y eso va a misa, como dicen en mi terruño. No se discute. Al menos este columnista no lo pondrá en duda jamás, mientras que estén en negrita en la legislación vigente las prerrogativas que ostenta. Por tanto, el Rey, su máximo representante, tiene todos los privilegios, exenciones e indultos que se incluyen en la Carta Magna, ni uno más ni uno menos, reitero.

Pero, que nadie olvide, que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, no en el Monarca. Por esa razón, la Casa Real en general y el Rey en particular, sí o sí, y muy a su pesar si así no lo entiende, ha de ser ejemplar en su comportamiento público y también en el privado, en el privado también, como corresponde a tan alta figura de nuestra organización administrativa.

Y en esta España nuestra, desde que se instauró el tan preciado periodo democrático en que vivimos, hay una especie de acuerdo tácito para que la figura del Rey sea como intangible. Y el Monarca es inviolable, sí, en el ejercicio de sus funciones, pero no invisible. Y cuando se cometen supuestas irregularidades del calado que le imputan al Rey emérito en sedes judiciales, no se pueden esconder las tales cosas o mirar para otro lado. Y estoy hablando de partidos políticos, hacienda pública, servicios de inteligencia, asesores, fuerzas de seguridad o medios de comunicación. No. Porque ese oscurantismo socava mi libertad y la de todos los españoles. (…)