Nos parecía oportuno comenzar esta colaboración con Huelva Información con una revisión del sistema de contratación en origen, herramienta imprescindible en el desarrollo de las campañas de los frutos rojos de la provincia de Huelva. Como es sabido, este sector es fundamental para la economía de nuestra provincia. Las cifras de empleo y exportaciones y el hecho de que constituya el 10% del PIB, así lo demuestran. Además, nos proporciona un colchón frente al paro envidiado por todo el país. Sin embargo, su carácter intensivo y la volatilidad de la mano de obra local han hecho imprescindible recurrir al sistema de contratación en origen, muy valiosa tanto para trabajadores y empresarios.

Primero fue la Europa del Este, y cuando ésta pasó a formar parte de la UE, el sistema miró hacia otras latitudes. Marruecos es, hoy por hoy, y desde hace unos 15 años, el país en el que se desarrolla plenamente este sistema de contratación y de migración circular, controlado hasta la extenuación por las administraciones, implicadas y responsables directas del devenir anual del sistema y de la suerte que corran las personas que llegan a nuestro país al amparo de este.

Han sido precisamente estas administraciones, el Gobierno de España y el de Marruecos, las que han ido imponiendo cada vez más condiciones, cuyo cumplimiento, muchas veces, requiere dotes de adivino y de hacedor de milagros por parte de los empresarios. Sin ir más lejos, la Orden Gecco es un catálogo de normas que no para de engordar. Su aplicación ha convertido al sector de los frutos rojos en el más fiscalizado de Europa y probablemente, del mundo. Entre esas condiciones está el retorno obligatorio de las trabajadoras una vez terminada la campaña, que este año no se ha producido. Marruecos cerró su frontera, las mujeres están en las fincas sin oficio ni beneficio y ni el Gobierno de España ni el de Marruecos dan una solución ni al regreso ni, de momento, a su manutención.

De nuevo han sido los empresarios los que han tenido que mover ficha, cediendo gratuitamente los alojamientos. Algunos, mucho más. Las administraciones son, en este caso, las incumplidoras, y especialmente el Gobierno marroquí, que está impidiendo el cumplimiento de la condición más fundamental que recoge la normativa: el retorno. La situación lamentable en la que nos encontramos nos va a obligar, irremediablemente, a revisar el sistema y buscar alternativas más fiables que Marruecos. Porque la responsabilidad debe ser recíproca y la fiscalización, para todos, y porque situaciones como esta pueden dar la puntilla a un sector que, a pesar de lo mucho que aporta, es terriblemente maltratado.