El PP vuelve a la carga con la Huelva-Cádiz. Esta semana se ha desvelado que formará parte del Pitma 2021-2027, el nuevo plan de infraestructuras de la Junta de Andalucía. Pero sólo eso. Porque realmente nada más hay y poco más se sabe: que tiene un desarrollo a largo plazo, que no será de peaje y que será compatible siempre con Doñana, ponen por delante en la Consejería de Fomento cuando se pregunta por ello. Aunque ni de futura carretera se puede hablar todavía, porque antes de que, simplemente el proyecto, sea una realidad tiene que pasar con éxito sendos estudios de demanda, de viabilidad económica y de impacto medioambiental. Y ninguno de ellos está siquiera planteado en la actualidad. El debate, sin embargo, ya está de nuevo encima de la mesa.

Esa suerte de mantra repetido por los populares en pretéritas campañas electorales andaluzas y municipales, antepuesto a cualquier otra demanda de infraestructuras incómoda desde Huelva, vuelve ahora a la palestra con algo de ruido mediático, como un recuerdo de esa eterna promesa de una oposición que, ahora en el Gobierno, queda obligada a hacerla ya realidad.

Por un lado se refuerza estos días el compromiso proclamado por el Gobierno de Moreno Bonilla con esta vieja aspiración, recurrente en su discurso para Andalucía Occidental. Y, por otro, se lanza un globo sonda a la opinión pública, que pocas veces, o nunca, ha dejado abierta la posibilidad a un respaldo generalizado.

Hablan desde la Consejería de Fomento que buscarán el consenso de los agentes sociales cuando se plantee el proyecto. Los empresarios son históricos aliados, tanto en Huelva como en Cádiz. No parece que haya problema con ellos a pesar de que la FOE, en la demanda que desembocó en la movilización del 15-M en la capital onubense, no incluyó esta carretera entre sus prioridades, aunque sí lo hiciera entre una larga demanda de inversiones para la provincia.

Enfrente tienen a los ecologistas, opuestos frontalmente a cualquier planteamiento en este sentido, por la amenaza apreciada siempre para Doñana. WWF no tardó en pronunciarse días atrás con el nuevo movimiento de ficha de la Junta: no admiten que se “pretenda construir un cinturón de asfalto entre Huelva y Cádiz, aislando Doñana aún más y dañando de forma irreversible sus marismas y su biodiversidad”.

La oposición socialista, tras años obviando esta reclamación popular en el Gobierno de la Junta –pese a sumarse al carro hace más de 30 años Rodríguez de la Borbolla–, insiste ahora en su rechazo de toda opción que pueda suponer “tocar un centímetro” el Parque Nacional. Por lo pronto, ya han pedido explicaciones a la consejera en el Parlamento. También Izquierda Unida ha considerado “absurdo y peligroso” el interés del PP, su “viejo y continuo empeño”, en construir la autovía en el entorno de Doñana. El punto de partida, pues, parece complicado.

Desde la Consejería se insiste, sin embargo, en que la intención no es otra que poner en marcha medidas que mejoren las comunicaciones de ambas provincias. Siempre, recalcan, en sintonía con la protección del entorno natural. Queda por delante la garantía, en caso de proyectarse, de un trazado “sostenible” medioambientalmente, “compatible con el Parque Natural de Doñana”.

La delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano, dijo ya al asumir el cargo que la Huelva-Cádiz iba a estar muy presente durante este mandato y que manejaban algunos informes técnicos que aventuraban posibles trazados ajenos al Parque. “Pero tenemos que mirarlo con mucha cautela porque estamos hablando de la joya de la provincia de Huelva y tampoco podemos tirarnos a la piscina”, decía.

Hace unos días, a la estela de lo anunciado desde la Consejería de Fomento, Bella Verano aseguraba que “hay una posibilidad de unir Huelva con Cádiz sin tocar Doñana, bordeándola. Es viable”. Y emplazó, asumido el largo plazo por “su complejidad”, a “todos los agentes sociales y ayuntamientos” a reunirse próximamente, en una acción que esperan desarrollar “con el mayor cuidado y dedicación”.

Queda claro que no es nueva la aspiración. Tampoco lo es la propuesta ahora de esta Administración andaluza tras ocho meses de actividad. El primer aviso serio lo dio el hombre fuerte de Juanma Moreno en el Gabinete, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo. En su primera visita a Huelva, en marzo pasado, reconoció que el desarrollo de un proyecto para la Huelva-Cádiz “tiene su problemática”, pero adelantó la voluntad de “dar los pasos para dar con una solución”.

Por lo pronto, Bendodo la colocó entre “las necesidades y las prioridades de la provincia”. Quizá como número uno, acaso como bandera propia de la sempiterna demanda de infraestructuras para Huelva. Pero sometida, en cualquier caso, a la viabilidad.

Diferentes propuestas anteriores sobre la Huelva-Cádiz.

La Junta de Andalucía, ha declarado estos días atrás la titular de Fomento, Marifrán Carazo, no está dispuesta a “renunciar a una infraestructura que es necesaria para conectar y vertebrar ambas provincias y su paso por la de Sevilla, pero al mismo tiempo, y de igual forma, con un trazado que sea compatible con la protección del entorno y sostenible medioambientalmente”. Siempre, claro, que sea viable. Sólo se habla en condicional. Nada firme. Todo supeditado a los resultados de los estudios previos, y a que el rechazo no sea generalizado, sobre todo desde Bruselas, donde sus pronunciamientos sobre los acuíferos han dejado clara su posición firme respecto a la preservación de Doñana.

Al Pitma 2021-2027

El primer paso ya está dado. O casi. Queda ahí la intención de integrar esta nueva autovía en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía, el llamado Pitma, con horizonte 2021-2027.

Una vez que así sea, ya con presupuesto asignado, se tendría que realizar un primer estudio de viabilidad, en este caso sobre la demanda: parece claro también que si no hay detrás un número mínimo de usuarios de la vía, su construcción, de elevada inversión, no será aconsejable.

Anteproyecto elaborado en 1934 con el trayecto entre Almonte y Bonanza.

Otro escollo a salvar es, precisamente, el de su coste, para el que se hará un segundo estudio. También se asume que la ejecución de esta infraestructura requiere de fondos que pueden ser de varios centenares de millones de euros, precisamente por las dificultades que plantea la exigencia de eludir los terrenos protegidos de Doñana.

Para tomar nota de su dimensión, basta el dato de que el presupuesto total de la Consejería de Fomento para este año 2019 es de algo más de 900 millones de euros. Y por si alguien temiera que se solventara cualquier dificultad en este sentido con una privatización con peaje para los usuarios, insisten en que esa fórmula queda fuera de cualquier posible proyecto.

El tercer estudio sería el más importante, el quid de la cuestión. Todo pasa porque haya demanda, sí, y porque su coste sea asumible por la Administración andaluza, claro, pero nada se podría poner en pie si supone una alteración medioambiental, cuya amenaza ha impedido que Huelva y Cádiz tengan esa conexión directa aun siendo las únicas provincias limítrofes de Europa que siguen viviendo de espaldas.

Hasta llegar a este último punto, si esa inclusión en el Pitma se confirma, y los pasos posteriores se van dando, quizá pueden pasar varios años. Lo recalcan también: nada de corto ni medio plazo. Se confía siempre dentro de ese horizonte 2021-2027 marcado para las infraestructuras que ahora se proyecten por la Junta, pero nadie se quiere pillar los dedos. Y para entonces puede que se siga sin encontrar consenso. O que el Gobierno vuelva a cambiar.