La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a tres individuos a los que atribuye un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito en concurso ideal con un delito continuado de estafa, a los que además imputa un delito de pertenencia a grupo criminal por el que los condena a otros seis meses de cárcel que pueden sustituirse por el abono de 2.190 euros de multa.

En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que ha accedido Huelva Información, se da por probado que al menos desde 2012 el trío de delincuentes se dedicaba "a la instalación de dispositivos de lectores-grabadores en los cajeros automáticos de entidades bancarias". Lo hacían –de forma "coordinada y puestos de acuerdo para ello"– con el objetivo de obtener los datos de las tarjetas de crédito y débito de los usuarios, práctica denominada skimming, "para fabricar tarjetas falsas y utilizar las mismas bien para sacar directamente el dinero de los cajeros, bien para adquirir bienes y servicios en los comercios".

Llevaron a cabo esta actividad en cajeros de las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva. Fue precisamente aquí, en la capital onubense, donde fueron arrestados. La detención la practicó la Policía Nacional el 13 de octubre de 2012, "cuando se encontraban en las inmediaciones del cajero de la avenida Diego Morón de Huelva circulando" en un coche verde. En ese momento los efectivos les intervinieron varias tarjetas de débido/crédito, comerciales y de telefonía, destornilladores y una navaja.

De inmediato, los policías acudieron a la sucursal para revisar el cajero, "donde observaron restos de adhesivo en la parte superior, así como en la parte de la entrada de tarjetas". La Policía Científica certificó la presencia del adhesivo y "se observa que la carcasa que presenta el lector de tarjeta no dispone de tornillos de fijación, pudiendo ser extraída haciéndose presión con algún objeto a través de las ranuras".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Huelva revisó la máquina, donde se encontró una tarjeta comercial y donde quedó registrada la introducción de otra que le fue hallada a la banda en el registro del coche verde.

El análisis de las imágenes tampoco dejaba lugar a la duda y permitió constatar la presencia de dos individuos colocando una pletina en la parte superior del cajero de La Orden, entre las 6:46 y las 6:57 de aquel 13 de octubre, tiempo en el que no se movieron del dispositivo y plazo en el que se usaron las dos tarjetas comerciales clonadas.

La Audiencia Nacional les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y de reparación del daño

Una vez que el Cuerpo Nacional de Policía tiró del hilo, se percató de que no solo habían actuado en Huelva, sino también en entidades bancarias sevillanas y que "tenían conexiones a nivel internacional, pues traspasaban la numeración de las tarjetas clonadas a otros miembros de la organización, quienes las utilizaban en otros países, concretamente en Rumanía, Colombia y Nueva Zelanda", especifica la resolución judicial en los hechos probados.

Asimismo, la investigación llevó a certificar que la organización instaló el 19 de mayo de 2012 un grabador en un cajero de la calle Reyes Católicos de Sevilla. El dispositivo, que fue incautado entonces, llevaba incorporadas una cámara de grabación y una tarjeta MicroSD, aunque en esa ocasión "no fue efectuado cargo fraudulento alguno dada la rápida intervención policial".

También en Sevilla, esta vez en la calle Granada y el 9 de junio de 2012, llegaron a actuar. La procesadora que gestiona las tarjetas de la entidad objetivo de los ataques facilitó a la Policía el inventario de las operaciones realizadas con las tarjetas que hasta entonces se habían denunciado, lo que llevó a determinar que habían extraído dinero con ellas en cuatro cajeros de Córdoba el 11 y el 12 de julio de 2012: en una sucursal de la calle Alcalde Velasco Navarrón (2.670 euros), en otra de la avenida de los Tejares (540 euros), en la de Fuentes Bocanegra (60 euros) y en la calle Conde Robledo (donde trataron de sacar 660 euros, sin éxito).

En la calle Alcalde Velasco, las cámaras de seguridad mostraron la figura de un hombre con tatuajes en los dos brazos y otro en la pierna izquierda, coincidentes con los de los ahora condenados. Estos individuos instalaron dispositivos grabadores en cajeros de Virgen de Luján y de Plaza Villasis, en Sevilla, y en otra oficina de la avenida de la Alameda, en Málaga, todo en el mes de septiembre de 2012. Aquí se les ve realizando labores de vigilancia o interviniendo directamente en los dispensadores de efectivo. Poco después fueron arrestados en Huelva.

La Audiencia Nacional considera que "gozaban de la infraestructura necesaria no solo para operar fraudulentamente en España, sino también en el extranjero, con constante movilidad por el territorio nacional e internacional, destacando los vuelos de entrada a España procedentes de Colombia, lugar donde se ha constatado la cesión de datos de las tarjetas clonadas que posteriormente han sido utilizadas en dicho país, dejando más de 300 afectados por estos hechos y cuantiosas pérdidas".

La entidad financiera más afectada en Andalucía no reclama por no haberse sentido afectada, mientras que los acusados abonaron 355 euros como indemnización a los damnificados españoles, cuatro personas en total. Los magistrados les aplicaron por este motivo la atenuante de reparación del daño, así como la de dilaciones indebidas, puesto que el asunto estuvo en un limbo en el Instrucción 14 de Sevilla hasta que el Juzgado Central de Instrucción 3 aceptó la competencia para conocer del procedimiento en marzo de 2017.