El prestigioso New York Times la calificó como "la ley que nos hace retroceder a los tiempos más oscuros del franquismo" en España. No es para menos, después de 8 años de vigencia, y de numerosas promesas electorales, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), conocida popularmente como Ley Mordaza, sigue sumando apoyos a su derogación aunque no los suficientes para haber sido tramitada en el Congreso. 

Para la LOPSC se ha pedido sin éxito al menos su rectificación en aspectos esenciales y que atentan directamente contra los derechos humanos como la facultad policial para multar discrepcionalmente a quienes entiendan que ofenden a algún agente, la eliminación de las devoluciones en caliente o la prohibición de las bolas de foam, entre otras.  

En los últimos años, bajo el paraguas del articulado de esta polémica Ley, se han impuesto en la provincia de Huelva un total de 11.254 sanciones de diferente cuantía y consideración, según los últimos datos del informe estadístico de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. Sobre todas ellas se ha recaudado un montante que ronda los 8 millones de euros (7.876,989 euros)

La mayoría de estas sanciones son consideradas por esta legislación como infracciones graves y están recogidas en el artículo 36 LOPSC. En concreto, estas sanciones representan nueve de cada diez denuncias cursadas (96,15%) con un total de 10.821 multas que han aportado 7.799.554 euros a las arcas del Estado. 

Sobre el motivo de dichas sanciones, los onubenses han respondido en su mayoría por el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía pública (artículo 36.16 LOPSC) en 5.670 ocasiones; igualmente, y en una proporción similar, se apunta a que el ilícito más perseguido en Huelva es el de desobediencia o resistencia a la autoridad o a los agentes en el ejercicio de sus funciones, respaldado en el artículo 36.6 de la LOPSC, y por el que se han impuesto 4.506 sanciones por un importe total de 3.679.498 euros.

El de las sanciones por desobediencia a la autoridad, es un dato nada desdeñable si se atiende a la progresión que ha sufrido en los últimos años. Con una ligera caída en el año 2020, marcado sin duda por las restricciones de movilidad a causa de la covid-19, estas sanciones se han casi triplicado desde 2019, año en el que se registraron 1.361 frente a los 3.775 del último año sobre el que se aportan datos (2021). 

Hasta 18.000 euros por faltas de respeto a la Policía

Entre las multas consideradas leves (artículo 37 LOPSC) se han impuesto 420 sanciones en los últimos años, de las cuales se desprende una importante reducción sobre el año de referencia (2019) en el que se produjeron 334 multas de este tipo. 

Frente a las infracciones muy graves que pueden sancionarse con multas de entre 30.001 y 600.000 euros y las graves, que responderán con multas de entre 601 y 30.000 euros, las leves responderán con multas de 100 a 600 euros.

Destacan en el último año, las 60 sanciones impuestas por faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones (artículo 37.4 LOPSC). Un número que, si bien ha disminuido, no deja de haber recaudado cerca de 42.000 euros en menos de tres años y 18.050 solo en el último. 

Se distingue igualmente, la caída en el número de sanciones por ocupación de viviendas en contra de la voluntad del propietario (artículo 37.7 LOPSC) con apenas 7 multas sobre las 40 registradas en 2019 y una recaudación de 900 euros frente a los 7.550 del año referencia.