Huelva

La condena a la periodista de Huelva llega a Estados Unidos: “No es bueno para la democracia”

El asesino, Bernardo Montoya, durante el juicio en la Audiencia de Huelva.

El asesino, Bernardo Montoya, durante el juicio en la Audiencia de Huelva. / Alberto Domínguez

El caso de la periodista de Huelva Información condenada a dos años de prisión en la Audiencia Provincial onubense ha llegado a Estados Unidos. Uno de los medios con mayor presencia internacional, Voice of America, dedica un reportaje a este caso de “libertad de prensa”, “que ha conmocionado el periodismo”, por ser “la primera sentencia de este tipo en España”.

La emisora radiofónica federal estadounidense ha puesto el foco en esta sentencia de los tribunales españoles relacionada con el asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), después de que haya suscitado un gran interés en su país por poner en riesgo el derecho a la información.

El reportaje publicado en la edición digital de Voice of America recoge, de hecho, el análisis de algunos especialistas americanos, como la presidenta de Estudios de Prensa Libre Lee Hills de la Facultad de Periodismo de Missouri, Kathy Kiely, quien considera que “no es bueno para la democracia” que en España “se meta en prisión a una periodista”.

“Realmente, lo que están haciendo es castigar a un periodista por informar de un crimen terrible. La ira debería estar dirigida a la persona que cometió el crimen”, apunta en el reportaje Kathy Kiely, quien, asegura, puede “entender a la familia, pero los jueces deberían ser mejores que eso”. Según indica al medio norteamericano, esta sentencia dictada en la Audiencia Provincial de Huelva “es un caso clásico de matar al mensajero”.

La información firmada por el corresponsal de Voice of America en España, Graham Keeley, detalla cómo la demanda contra Huelva Información y sus periodistas fue presentada por la familia de Laura Luelmo por vía civil y por la Fiscalía “en un raro proceso penal”.

Keeley detalla aspectos de la sentencia como que “para que los medios de comunicación utilizaran la defensa de la libertad de expresión, debían justificar que la persona en cuestión era una figura pública y merecía la atención de los medios”.

También se hace eco del apoyo de la AMI, que representa a 80 medios de comunicación españoles, y calificó el fallo como una “grave violación del derecho a la libertad de información”. Y de Reporteros Sin Fronteras, que lo considera “gravísimo” y “una aberración” que, confían, revierta el TSJA.

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