La orden de protección es una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o de faltas de violencia de género y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena su amparo mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar los recursos de asistencia y protección social necesarios. En Huelva, según consta en el informe de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado año se incoaron 525 órdenes de protección, de las que los jueces concedieron 396, el 75,4% del total reclamado.

Los especialistas en materia de violencia machista admitieron todas las peticiones a trámite: cuatro de ellas de oficio, cinco de la Fiscalía y 516 a instancias de la víctima. Fue a ellas, a las mujeres perjudicadas, a las que denegaron 129 órdenes de protección (el 24,6%).

Tres de cada cuatro mujeres solicitantes de orden de protección en Huelva el ejercicio pasado eran españolas y adultas, 393, aunque también consta en la estadística judicial el caso de una española menor de edad. Las 131 restantes tenía nacionalidad extranjera, según los datos del CGPJ.

Atendiendo a los denunciados contra los que se solicitaron estas órdenes de protección, 334 de ellos son españoles (el 63,6%), frente a los 191 con nacionalidad extranjera.

Más allá de las órdenes de protección propiamente dichas, los jueces adoptaron las pertinentes medidas para garantizar la protección de las víctimas en los distintos casos que arribaron a los juzgados onubenses en 2017. Así, determinaron la ejecución de 886 medidas de naturaleza penal y de otras 211 de naturaleza civil.

Entre las primeras están las cinco medidas privativas de libertad que dictaron para los maltratadores, otras seis consistentes en la obligación de este de salir del domicilio de la pareja, 379 órdenes de alejamiento, 366 prohibiciones de comunicación con la víctima, 40 prohibiciones de volver al lugar del delito y 85 suspensiones de la tenencia o del uso de armas.

En el plano de la jurisdicción civil, los titulares de los órganos que trataron los asuntos de violencia machista el año pasado suspendieron en cuatro casos el régimen de visita de los hijos, en otros 51 atribuyeron el uso de la vivienda a las perjudicadas, en un asunto suspendieron la patria potestad y en 12 la guardia y custodia de los hijos. Por último, en 66 expedientes decretaron la prestación de alimentos para los menores fruto de la pareja o el matrimonio.