Muchas dudas e incertidumbre está generando hasta ahora el texto de la futura ley de vivienda acordado entre el Gobierno y sus socios políticos, ERC y Bildu. El cuerpo legislativo busca poner el foco sobre el problema del acceso a la vivienda en un país con ausencia de alquileres asequibles y falta de vivienda social. 

El acuerdo plantea la intervención de los precios del alquiler, como forma de corregir el desajuste en aquellas zonas especialmente vulnerables y donde se han detectado especiales dificultades en el esfuerzo de compra de viviendas o acceso a alquileres, est es, las conocidas como zonas tensionadas. 

Para estas áreas, cada vez más castigadas y numerosas en toda España, la ley contempla la posibilidad de declararse zona de especial tensionamiento, previo paso para que la Administración pueda pasar a regular los precios de alquiler y compra. 

Para el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO), Javier Mateos, la norma supone "un paso atrás para los propietarios", a los que considera los grandes damnificados de un problema que debe regularse atendiendo a tdoas las singularidades de los agentes implicados: "La consencuencia de una intervención así lo que provoca es la retirada de viviendas de los mercados", asegura. "Ayer mismo en Huelva hubo una importante retirada que llevó a una bajada en bolsa". Mateos advierte además que se trata de un modelo intervencionista cuya viabilidad ha dejado grandes dudas fuera de nuestras fronteras, en concreto, "en diversos países de la Unión Europea sin acabar de funcionar en ninguno". 

El representante de los constructores onubenses advierte que el modelo que plantea el Gobierno "no es sostenible" y que acabará impulsando una oleada de retirada de alquileres en cadena. "Si se permite que los inquilinos no te paguen en dos años, los propietarios preferirán sacar sus activos y no poner las viviendas en alquiler", asegura. 

Huelva, un mercado pequeño con tendencia a la tensión

Por ahora, y a la espera de ver cómo quedará el redactado final del borrador de la futura norma, la provincia de Huelva enfrenta el cambio legislativo con un mercado tradicionalmente pequeño en comparación con provincias vecinas. La tensión de compra y alquiler que marcaría el primer requisito a la hora de permitir la intervención de precios no parece hasta ahora suficiente, a pesar de que en el último trimestre el alquiler en la provincia ha crecido un 31,7%. 

Hasta ahora los criterios para incluir una ciudad como zona tensionada pasaban por cumplir dos pautas, la referida a la superación del 30% de los ingresos medios de la zona de los suministros de carácter básico (agua, luz, gas) y el coste de la renta y por otro, el crecimiento acumulado en el último lustro de al menos cinco puntos superior al IPC en este caso de Andalucía.  Estos términos, sin embargo, se verían reducidos con el nuevo texto. En concreto, solo se necesitaría cumplir una de las dos clausulas para poder considerarse espacio tensionado. En el caso de Huelva, la tasa de esfuerzo se sitúa en un 3,1% para la compra. 

Ya a nivel técnico, otras modificaciones que recogería la nueva ley, serían la configuración del gran propietario, entendiendo este como la persona física o jurídica que tiene más de cinco propiedades en lugar de las diez que se requieren ahora. También marca que sean los propietarios los que deban abonar los precios de los honorarios de forma obligatoria. 

Mayor reserva para vivienda pública

Ante esta incertidumbre sobre la posibilidad real de que la nueva ley solucione los problemas de vivienda en Huelva, la normativa contempla la posibilidad de sacar de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) un total de 9.000 viviendas del total de 50.000 existentes para alquileres sostenibles en todo el país, según explicó en rueda de prensa la Ministra.

En Huelva, esa cifra se reduce sensiblemente hasta las 102 viviendas en total, esto es, contando tanto aquellas que se podrían utilizar llegado el caso como aquellas que por su estado serían inviables. Para el presidente de AECO, esto es algo complicado y costoso que no daría soluciones en el corto plazo. "Habrá que esperar a ver cuál es el texto del borrador final aunque hasta ahora todo se plantea bajo una inseguridad jurídica para el propietario". Para Mateos, tampoco se resuelven otros grandes problemas como la ocupación de las viviendas, "si no se resuelve eso y otros aspectos como las ayudas fiscales al promotor, la subida de precios solo hará que el problema de oferta sea cada vez mayor"

Los colectivos de inquilinos tampoco están convencidos de la viabilidad de la nueva norma. Para la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) la solución del Gobierno con este borrador ha sido tan solo "cosmética" y no resuelve ninguno de los principales problemas que afectan a los inquilinos. En primer lugar porque "deja fuera a familias con hipotecas y especialmente aquellas con hipotecas variables", cuyos contratos permiten subidas periódicas en una horquilla de entre 200 y 450 euros de media. 

Los representantes de la PAH advierten a través de un comunicado que hasta sus asociaciones locales "ya han llegado familias que han dejado de pagar o que tienen previsto hacerlo en breve", una situación que ni se entra a valorar en este primer borrador. "Las medidas como el escudo social o la reedición del acuerdo de buenas prácticas ni siquiera son obligatorias y sus supuestos de aplicación son irreales", aseguran. 

Para todas ellas las alternativas en vivienda pública que existen en la actualidad son "insuficientes" y requerirían un nuevo proceso hipotecario que en muchos casos no pueden asumir. Con la subida de los alquileres, si el mercado continúa tensionándose, ocurrirá algo similar. La solución al problema habitacional en Huelva no parece tener, por tanto, buen pronóstico ni solución en los próximos meses.