Una mujer nervense víctima de la violencia machista va a demandar a la Junta de Andalucía por arrebatarle a su hijo, un menor de cinco años fruto del matrimonio con su expareja y del que fue separada tras denunciar a su agresor. Corresponderá al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva ver el caso, que está en manos del abogado Felipe Garoña, quien indicó ayer a Huelva Información que su cliente "está obsesionada con recuperar a su hijo y lo está pasando muy mal, se está produciendo una doble victimización cuando la declaración de desamparo no tiene ningún sentido".

La Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de Huelva mantiene que el menor, que se encuentra ahora con una familia de acogida, podría estar sufriendo malos tratos psicológicos y físicos. Sin embargo, después de revisar toda la documentación que obra en el expediente administrativo de desamparo "no encontramos ni una sola causa, ponderada bajo los principios de proporcionalidad y necesidad, para separar al menor de su madre", sentencia el letrado. Como hace constar en las alegaciones presentadas y rechazadas por la Administración autonómica y a las que ha accedido este diario, es más bien al contrario: "Tan sólo comprobamos la existencia de conjeturas o interpretaciones forzadas y torticeras que parecen perseguir la convalidación de un informe exagerado y sin base de los Servicios Sociales de Nerva, que traspasa los límites de la responsabilidad penal por quienes lo han rubricado y que es reiterado por la actuación de todos los profesionales que están participando en este procedimiento".

La víctima lleva ocho meses separada del niño, que está con una familia de acogidaHay una gran distancia entre tomar al niño para que el agresor cese y ponerlo como escudo"

En resumen, no hay un solo informe médico concreto que avale los supuestos daños que ha padecido el niño. En la documentación de la Junta se subraya además un hecho "contradictorio y que se basa en algo incierto", cuya afirmación por parte de los funcionarios "conlleva connotaciones de naturaleza penal", advierte Garoña.

En esos papeles los trabajadores de la Junta remarcan que la mujer ha utilizado al menor como "escudo físico para amortizar su propio daño físico", mientras que en la declaración que la víctima realizó el pasado 25 de mayo ella dice textualmente que "utiliza al hijo para que se detenga". El jurista considera que "hay una gran distancia entre tomar al niño para que el agresor cese y ponerlo entre ella y el agresor como escudo", máxime cuando ella sólo sufrió un arañazo en un brazo y una petequia (mancha roja) en el cuello. Aclara Garoña que "no hay golpes para los que el menor tenga que hacer de escudo".

Otro de los pilares sobre los que se asientan los argumentos de la Junta de Andalucía para mantener vigente la declaración de desamparo y retirar la guarda a la nervense es que ella no manifiesta una voluntad clara de romper la relación con su actual marido. La retirada del niño se produjo el 23 de enero de este año, después de que su madre hubiera pasado ya temporalmente por varias casas de acogida para mujeres maltratadas de la provincia y hubiera vuelto después a Nerva.

Sin embargo es "ilógico" el razonamiento de la Administración, si se tiene en cuenta que la mujer denunció a su pareja también al inicio del año ante la Policía Nacional, solicitó una orden de protección contra él que sigue vigente (de la que no hay constancia de incumplimiento) y en la actualidad reside en casa de su madre y no en la vivienda conyugal.

Lo cierto es que ocho meses lleva ya de calvario la víctima, "llorando como una Magdalena y con graves daños psicológicos" por no poder tener con ella al crío de cinco años, al que sólo ha visto en dos o tres ocasiones en un punto de encuentro.

El asunto está ahora pendiente de la designación de un procurador de oficio y de que Garoña pueda prestar asistencia letrada a su cliente a través de la Justicia Gratuita, algo que podría producirse la semana próxima. Entonces la víctima interpondrá una demanda contra la Junta de Andalucía para mostrar su total oposición a la resolución de desamparo emitida.

Una vez que se judicialice el caso, Felipe Garoña anuncia que solicitará que un perito examine al niño para que realice un informe que por fin sea concluyente sobre la situación psicológica del menor y el posible sufrimiento de algún tipo de maltrato o abuso.

La separación en sí, agravada por la forma en que fue practicada, ha sumido a la madre en una situación dolorosa que le crea "una mayor dificultad a superar su proceso de victimización, siendo evidente que su principal objetivo es, desde que fue separada de su hijo, recuperarlo".