El caso de José Díaz, onubense de 33 años que falleció este lunes tras serle concedida la eutanasia, ha hecho aflorar un debate en el que las leyes que amparan dos derechos (a la objeción de conciencia y a una muerte digna) parecen entrecruzarse.

En Huelva, según los datos arrojados por la Comisión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, 131 médicos se declararon como objetores de conciencia en el año 2023, suponiendo esto que podrán negarse "a realizar la citada prestación por razones de conciencia, como decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".

José, en sus plenas facultades mentales, ha tardado más de un año y medio en conseguir que le proporcionen la Prestación de la Ayuda para Morir, aunque los plazos normalmente oscilan entre 40 y 42 días, siempre que los informes sean favorables.

Según Isabel Torres, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente (DMD) Andalucía y encargada de atender el caso del onubense recientemente fallecido, "José pidió la ayuda de la prestación a morir poco después de aprobarse la Ley (junio del 2022). Su médico dijo que era objetor de conciencia, aunque el registro de objetores de conciencia es privado y no podemos acceder a ellos, por lo que en muchos casos se convierten en objetores de conveniencia en lugar de de conciencia", contaba a Huelva Información. "El caso de José ha sido un caso extremo, pero sí que hay gente que muere esperando a la resolución y, sobre todo, en Andalucía", cuenta la vocal. 

Tras esto, mandaron al paciente a Manzanilla, "donde el médico que lo vio no le dijo que era objetor pero hizo un informe desfavorable que después llegó a la Comisión de Garantía, últimos que dictaminan y resuelven cada caso concreto. Con el informe en contra del médico, la Comisión se negó", afirma. 

A partir de ese momento, la familia Díaz Pérez entró "en un proceso complicado y que les quitó mucho tiempo", recurriendo finalmente al Contencioso Administrativo. "La sentencia del Contencioso Administrativo -ya en noviembre del año 2023- también fue negativa. Finalmente, en el mes de diciembre, contactaron con DMD Andalucía". 

Desde la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, le recomendaron que volvieran a empezar con el procedimiento "porque José reunía los requisitos suficientes para solicitar la eutanasia". Ya con Sandra Díaz como portavoz de la familia, responsabilidad hasta entonces asumida por su madre que comenzó a sufrir crisis de ansiedad debido a la situación que atravesaban, volvieron a comenzar desde el principio con un desenlace completamente inesperado: la llamada del centro de salud de la Orden avisando que habían encontrado una médica que efectuaría la Prestación de la Ayuda para morir. 

"Se ha dilatado demasiado en el tiempo. Han sido muchos sin sentidos y mucho dolor añadido. No es posible que todos los médicos sean objetores de conciencia en una provincia o, al menos, que estén todos registrados. No es posible y no es legal", concluye Torres.