El juicio por el asesinato de Cristina Marin, la joven que sufrió 28 cuchilladas en su casa de Lepe el 7 de julio de 2018, se celebrará en la Audiencia Provincial de Huelva entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de este año.

Será un jurado popular el encargado de valorar si su expareja sentimental y padre de sus dos hijas, Laurentiu Daniel Vassi, es culpable o no de un delito continuado de quebrantamiento de condena y de otro de asesinato, por los que se sentará en el banquillo al inicio del otoño próximo.

Así consta en un auto al que ha accedido en primicia Huelva Información, en el que la presidenta de la Sección Tercera –la magistrada Carmen Orland (que también dirigirá el plenario)– detalla que la primera jornada se dedicará al acto de constitución del tribunal del jurado, mientras que la vista oral como tal se iniciará el 29 de septiembre con el interrogatorio del acusado, en prisión preventiva desde el 11 de julio de hace dos años.

En el documento se detallan los hechos justiciables que tendrán que evaluar los miembros del jurado. “Que el día 7 de julio de 2018 Laurentiu Daniel Vassi se dirigiera al domicilio sito en la calle Méndez Núñez 12 de Lepe, en el que se encontraba durmiendo Cristina Marin, de 25 años de edad y, tras abrirle esta la puerta, con intención de matarla, la golpeara y le propinara múltiples cuchilladas en zonas vitales que le causaron la muerte”.

El plenario se desarrollará, previsiblemente, en cinco sesiones; la última, el 2 de octubre

Además, los once ciudadanos seleccionados por las partes tendrán que valorar si la atacó “sorpresivamente, asegurando la ejecución con medios y modos que excluyeran la posibilidad de defensa de la víctima y, al mismo tiempo, le tapara la boca con las manos para que no pudiera esta pedir ayuda”.

El presunto autor de los hechos llegó presumiblemente a emplear, tal y como destacan las acusaciones, “hasta tres cuchillos distintos que fuera utilizando a medida que se rompían al impactar contra el cuerpo de la víctima y la golpeara también incluso tras caer al suelo, propinándole múltiples cuchilladas y golpes, aumentando así deliberada e inhumanamente su dolor”.

En este caso, que se considera de violencia machista, es clave la exposición de la relación entre el procesado y la perjudicada. Los dos habían tenido una relación sentimental que duró nueve años, pero a la que Cristina puso fin al inicio de 2018.

Pese a todo, siguieron conviviendo bajo el mismo techo con sus dos hijas (que entonces tenían tres y cinco años) hasta que ella lo denunció por amenazas el 17 de junio de ese año ante la Guardia Civil de Lepe. La fiscal de caso precisa al respecto en su escrito de calificación que  “después de que ella le comunicara que se iba a marchar con las niñas, la amenazó diciéndole: “Te voy a matar y después me voy a suicidar”.

Detenido y procesado por este asunto, Vassi mostró su conformidad con los hechos. El Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte, especialista en asuntos de violencia machista, lo condenó el 18 de junio por un delito de amenazas de género (entre otros) a la pena de prohibición de aproximarse a Cristina, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por ella a una distancia inferior a 200 metros, o comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años.

Ese mismo día “el acusado abandonó el que había sido hasta entonces el domicilio común, y donde siguió viviendo Cristina junto con sus dos hijas menores, así como con el hermano del acusado y la pareja de este”. Pero –a juicio del Ministerio Público– Vassi, “mostrando un absoluto desprecio por la resolución judicial y sin aceptar la ruptura con Cristina y que ella pudiera retomar su vida sentimental junto con otra persona”, siguió manteniendo contacto con ella.

De hecho, solo entre el 30 de junio y el 7 de julio llegó a llamarla por teléfono 78 veces, “la mayoría de cero segundos de duración por no haber obtenido respuesta”. La Fiscalía recalca que también acudió a la casa “en múltiples ocasiones; entre otras, incluso, el día anterior a los hechos”.

La Fiscalía, Clara Campoamor y la Junta de Andalucía conforman la terna acusadora del caso

En la mañana del trágico 7 de julio, Laurentiu Daniel “decidió ir a casa de Cristina, llamándola a su teléfono móvil a las 6:42, llamada que ella no respondió”. Acto seguido, se dirigió al domicilio donde su expareja dormía junto con sus dos hijas menores, precisa la fiscal.

Así que el jurado deberá decidir si contravino la orden de alejamiento y comunicación impuesta solo 20 días antes del crimen, o si fue el autor material de la muerte violenta de Cristina, “efectuándole 28 lesiones entre las que destacan cinco de características penetrantes: en hemicuello izquierdo, seccionando yugular interna izquierda; en pectoral izquierdo, atravesando pleura; dos que atravesaron pleura parietal posterior, con sección de la arteria subclavia izquierda que puede provocar incapacitación o inconsciencia en pocos minutos; en hemitórax izquierdo, afectando pleuras, pulmón izquierdo, seccionando pericardio, cortando arteria pulmonar y con punción de la aurícula”.

También se analizará si fue o no “consciente de dónde golpeaba, ni de la intensidad y número de impactos ni con qué objeto lo hacía”.

La Fiscalía solicita para Vassi una pena de 26 años de prisión, que asciende a 36 años en el caso de la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular. La terna de acusaciones la completa la Junta de Andalucía.