Cristina Marin fue asesinada el 7 de julio del año pasado en su domicilio de la calle Méndez Núñez de Lepe. Del crimen machista viene siendo acusado su expareja sentimental y padre de sus hijas, Laurentiu Daniel Vassi, que estuvo fugado durante 32 horas tras la presunta comisión del asesinato y que fue finalmente localizado y detenido en una explotación agrícola dedicada al cultivo de berries situada en Tariquejo.

Ahora, un año y cuatro meses después de que las niñas –de tres y cinco años entonces– quedaran huérfanas, las partes personadas en el procedimiento empiezan a formular sus escritos de conclusiones provisionales. Es el caso de la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el asunto bajo la dirección letrada de Patricia Catalina.

Huelva Información ha tenido acceso en primicia al escrito de acusación dirigido al Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte, por el que el colectivo "por la defensa y el derecho a la vida de Cristina Marin y las lesiones psíquicas causadas a sus dos hijas" reclama 36 años de prisión para Laurentiu Daniel Vassi, en prisión provisional desde su detención y que será juzgado por un tribunal popular en la Audiencia de Huelva en fechas venideras.

En el relato de la acusación popular se detalla que los hechos se produjeron a las 8:00 del 7 de julio de 2018, momento en el que Vassi, actuando "bajo alevosía y ensañamiento", acudió al domicilio de su expareja sentimental –en el número 12 de la calle Méndez Núñez de Lepe– y le arrebató la vida.

Lo hizo, como se señala en el escrito de la asociación Clara Campoamor, "propinándole varios golpes en la cara y más de 15 puñaladas".

La joven solo tenía 25 años. Sufrió "tres heridas inciso contusas en el lateral izquierdo del cuello, a la altura del esternocleidomastoideo, dejando expuesto el plano muscular", tal y como determinó la autopsia practicada a la víctima.

Además, Marin presentaba otras "dos lesiones inciso contusas de mayor longitud en la región externa del cuello, y por encima de ellas, otras cuatro que penetraron en el tejido celular subcutáneo".

La mujer asesinada padeció otras cinco heridas en la zona pectoral izquierda, además de otras de carácter superficial, y "una herida puntiforme debajo de la mama y otra en la cara lateral del costado izquierdo".

Catalina evidencia la responsabilidad del Estado al estimar que la víctima estaba en riesgo medio

Previamente, enfatiza Catalina en su escrito, "había sido golpeada con múltiples escoriaciones dispersas por su rostro, mentón y boca".

Antes de detallar los delitos que imputa a Laurentiu Daniel Vassi, la letrada se detiene en recordar que el Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte "acordó orden de alejamiento" del acusado sobre Cristina Marin, que lo había denunciado por violencia de género.

Esta orden de protección entró en vigor el 18 de junio de 2018 e impedía a este individuo aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro emplazamiento frecuentado por ella.

También conllevaba la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento. Pese a todo, "el acusado llegó a realizar más de 78 llamadas en los ocho días previos a su fallecimiento", como avanzó en su momento este periódico. Solo entre las 11 de la mañana y las 23:00 del 5 de julio llegó a efectuar 39 llamadas desde su teléfono al de Cristina.

La acción popular concreta que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato "mediante alevosía y ensañamiento", por el que pide para Laurentiu Daniel Vassi una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta. Asimismo, considera que procede imponer al procesado la prohibición del derecho a residir o acudir al lugar del delito y de residencia de la familia de la víctima durante 30 años y de aproximarse a menos de un kilómetro de sus dos hijas menores o de comunicar con ellas durante ese mismo plazo.

Clara Campoamor reclama otro año de prisión para Vassi por quebrantamiento de medida, al haberse saltado la orden de alejamiento que le habían impuesto sobre Cristina.

La acusación popular agrega otros diez años de prisión, cinco por cada una de las pequeñas, por la comisión de dos delitos de lesiones psíquicas. En total, 36 años de reclusión.

A su juicio, el encausado tendrá que asumir las costas del procedimiento e indemnizar con 250.000 euros a sus dos hijas "en concepto de reparación" por el daño moral causado.

"Dicha cantidad será interesada por la asociación Clara Campoamor para las niñas con el fin de garantizar su futuro en caso de insolvencia del acusado", se explica en el documento, una responsabilidad civil que será solicitada al fondo previsto para víctimas de delitos violentos "ante la posible responsabilidad del Estado en la protección de su madre, Cristina Marin, como víctima de violencia de género y presuntamente protegida con una orden de alejamiento que, de haber sido respetada", aún la mantendría con vida. Patricia Catalina recuerda que en VioGén se estimó que el riesgo que padecía la asesinada era medio.